A petición del ministerio público federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó, otra vez, a recabar información sobre los contratos que las dependencias del Gobierno federal firmaron con universidades, con los cuales desviaron miles de millones de pesos del erario.
A través de un oficio, girado el 25 de mayo pasado, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, Luis Antonio García Calderón, le solicitó al titular de Administración y Finanzas la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Martín Garza, le remita aquellos contratos suscritos con instituciones públicas en los que se hayan detectado irregularidades.
“Informe a esta Unidad de Asuntos Jurídicos, si en los registros de esa Unidad Administrativa a su cargo obran antecedentes de convenios o contratos suscritos con IPES (Instituciones Públicas de Educación Superior), en los que se hayan detectado irregularidades con motivo de su planeación, suscripción, ejecución y/o cumplimiento”, señala el documento.
La información solicitada, precisa el oficio, es la correspondiente al periodo comprendido entre 2013 y 2018.
Los datos que de nueva cuenta empiezan a recabarse ya habían sido recopilados y sistematizados por la anterior Administración de la SFP, que en noviembre de 2017 emitió lineamientos para limitar los convenios entre entes públicos.
En ese entonces, la Secretaría encontró que, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2017, se firmaron 4 mil 507 convenios con instituciones de educación pública por un monto de 31 mil 223.8 millones de pesos.
Los lineamientos se emitieron luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había reportado de manera reiterada, en sus informes de las cuentas públicas 2013, 2014, 2015 y 2016, que algunos entes públicos habían contratado a universidades públicas para desarrollar trabajos para los que no tenían capacidad y para los cuales subcontrataron a terceros.
Ese mecanismo de subcontratación, evidenció la ASF, sirvió para que los contratantes evadieron los proceso licitatorios y desviaran, como el caso de Sedesol y Sedatu, miles de millones de pesos.
La propia Auditoría, que fue la que detectó y documentó los desvíos, ha presentado 30 denuncias ante la hoy Fiscalía General de la República (FGR) por un daño al erario público que asciende a cerca de 5 mil millones de pesos.
En el oficio remitido a la SEP, se pide que la información sea entregada a más tardar el 7 de junio para que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, cumpla a su vez con el requerimiento que le formuló el ministerio público.
Desfalco
La SFP de la pasada administración detectó irregularidades en contratos entre dependencias federales y universidades.
(Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2017)
4,507 convenios fueron firmados.
$31,223 millones de fue el monto detectado.
$5,000 millones se cuantificó el daño al erario.
Fuente: Reforma
