En días pasados, el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) publicó la tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país.

Este índice es relevante, pues busca conocer si las instituciones públicas garantizan o no la igualdad ciudadana, el buen gobierno, la transparencia, el acceso a la justicia y, en términos generales, los derechos políticos y las libertades civiles que deben protegerse en toda democracia.

En ese orden de ideas, el índice reconoce la multidimensionalidad de tópicos que pueden contribuir a conocer el grado de apego al Estado de Derecho, por lo cual se organiza en ocho factores principales (y 42 subfactores):

1) Límites al poder gubernamental

2) Ausencia de corrupción

3) Gobierno abierto

4) Derechos fundamentales

5) Orden y seguridad

6) Cumplimiento regulatorio

7) Justicia civil

8) Justicia penal

Para la elaboración del índice se consideraron las experiencias y opiniones de más de 25000 personas en todo el país, así como de más de 2300 especialistas en justicia civil, penal, laboral y salud pública, a quienes se realizaron entrevistas durante 2020.

Entre los principales hallazgos, se pueden destacar los siguientes:

• De forma general, los estados presentan brechas importantes respecto al puntaje idóneo en el Índice de Estado de Derecho en México (el cual se define en una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho).
• Los estados con los puntajes más altos en el índice 2020-2021, fueron: Yucatán con 0.47, Coahuila con 0.45 y Campeche con 0.44. Debe subrayarse que Yucatán ha liderado las tres ediciones del Índice (desde 2018).
• Coahuila y Campeche escalaron desde las posiciones 6 y 4 en la versión anterior del índice, respectivamente. Mientras que, del otro lado de la moneda, entre las entidades en los lugares más bajos para la edición más reciente del índice se encuentra Quintana Roo con 0.34, Puebla con 0.35 y Morelos con 0.36.

Los datos e información recopilada evidencian que, en todas la entidades federativas de nuestro país, existen retos importantes para lograr un Estado de Derecho fuerte y consolidado.

Por poner algunos ejemplos, tratándose del factor “Límites al poder gubernamental”, se observa que la percepción de los ciudadanos es que los contrapesos más efectivos del poder son la sociedad civil y la prensa. Es decir, los mecanismos de sanción tradicionales, vía poder judicial o desde el ámbito administrativo ya no son vistos como las alternativas más eficaces para limitar al poder gubernamental.

Por lo que hace al factor “ausencia de corrupción”, se puede observar que en todos los estados el puntaje no alcanza los 0.45, es decir, se encuentran muy por debajo de la media en cuanto a la ausencia de este grave problema nacional.

En cambio, uno de los factores en donde mejor califican los estados de la república, es el concerniente al acceso a la información. Este rubro nos proporciona un indicio clave acerca de las medidas que ha impulsado la sociedad organizada y la academia y que sí han resultado eficaces, lo que constituye un botón de muestra que podría replicarse para lograr mejores resultados en otras áreas.

Tratándose de los “derechos fundamentales”, resulta contrastante que, mientras la libertad de asociación y la libertad religiosa cuentan con altos puntajes, los derechos laborales muestran deficiencias preocupantes.

En síntesis, entre los retos sustantivos que se presentan para el Estado mexicano, se encuentra la inseguridad, la corrupción, las limitaciones a la prensa y a la participación ciudadana, así como el acceso pleno a la justicia en sus diversas modalidades, lo que representa una afectación importante a los derechos fundamentales.

Estos factores necesitan atenderse de manera integral por actores tan diversos como el gobierno, los poderes judiciales en todos sus niveles, los medios de comunicación y la propia sociedad civil.

Es mayúscula la problemática que se evidencia tras conocer los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, además de que confirma que el Estado mexicano, en su conjunto, debe tomar acciones concretas para mantener y mejorar el acceso a una justicia de calidad aún en el escenario de pandemia por COVID, en el que nos encontramos actualmente.

Pensamos que, un área de oportunidad importante para mejorar los resultados obtenidos en cuanto al rubro de acceso a la justicia, es emprender una serie de acciones que garanticen este derecho -a nivel nacional- mediante el sistema de justicia en línea o justicia abierta digital; lo cual, aunado al uso de medios alternativos de solución de controversias, vendrían no solo a brindar mayor apertura ciudadana sino también una mayor celeridad y, a largo plazo, economía en los procesos judiciales y administrativos, lo que contrarrestaría -a su vez- la percepción que se tiene (y que se desprende del propio índice), en el sentido de que el acceso a la justicia es costosa y burocrática.

Lo anterior, sin dejar de lado aspectos básicos pero cuya aplicación debe ser cíclica o periódica por el cambio constante de personal humano y la constante renovación de leyes y normas, como lo es el lograr una capacitación de calidad en los procesos de investigación de la policía y del Ministerio Público, en aras de una mayor eficacia y prontitud en sus indagatorias, con respeto a los derechos fundamentales.

Frente a los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, se puede concluir que, si bien existen deficiencias estructurales que problematizan a la sociedad el gozar de un “Estado de Derecho” consolidado, lo cierto es que se pueden identificar diversas áreas de oportunidad para dar inicio a un análisis serio y profundo que posibilite a los tomadores de decisiones el cerrar las brechas existentes.

Sobre esto último, se podrían pensar propuestas de índices aún más frecuentes (no solo anuales) y sobre temas muy concretos, así como aplicar medidas similares a las que han dado resultados positivos. Por poner un solo ejemplo de esto, se acaba de dar a conocer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en conjunto con el World Justice Project (WJP) medirán el avance de apertura que han tenido los poderes judiciales en el país para transparentar sus decisiones en 2021, esto, sin duda es un primer avance para medir el modelo de justicia abierta en el país, en favor de la ciudadanía.

Ejercicios como estos son importantes de emprender por parte de los diversos actores políticos, académicos, periodísticos y ciudadanos, sin dejar de mencionar los compromisos que debe asumir el Estado mexicano en su conjunto, ya no solo para mejorar los resultados que mide este índice, sino para materializar realmente la aspiración de un Estado de derecho más justo, eficaz e igualitario.