El secretario ejecutivo confía en que TEPJF confirmará su restitución
“para alejarnos de la ley del más fuerte, con dosis de arbitrariedad”.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que la suspensión definitiva contra la destitución del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo es sólo el primer revés jurídico de muchos que vendrán en contra del Plan B, pues insistió en que la reforma electoral es inconstitucional y arbitraria.
En la sesión de esta tarde en la cual se dio la bienvenida al secretario Ejecutivo tras 11 días de su despido, como lo ordenó la reforma electoral, el consejero presidente se sumó al recibimiento con aplausos y arrancó con un mensaje con el que celebró la suspensión definitiva concedida por una jueza federal el viernes.
“Así se restituye a un funcionario probo y comprometido, a quien la democracia le debe mucho y esto es mucho más que los derechos laborales restituidos de una persona que le fueron violentados de manera inconstitucional, esto ayuda también a salvaguardar la autonomía e independencia del INE, porque este Consejo General es quien designa y ningún poder del Estado puede moverlo y mucho menos el legislativo, si no es mediante un juicio político, esto también es resultado y evidencia de la batalla legal.
“Los cambios ilegales, antidemocráticos e inconstitucionales, han recibido su primer revés jurídico, estoy seguro, el primero de muchos que vendrán”.
Córdova detalló que esta mañana fueron notificados por el juzgado, por lo que él mismo se comunicó con Jacobo Molina para pedirle que se presentara a laborar.
“Me permito informarles que esta mañana, le giré instrucción al secretario Ejecutivo, informándole que se presentara a este instituto para retomar sus funciones constitucionales y legales indebidamente suspendidas por el legislador en una enorme violación… y notificar al encargado de despago Roberto Heycher Cardiel y a Verónica Isabel Sosa para que retomara su cargo, a ambos mi agradecimiento”.
Córdova Vianello leyó las resoluciones de la suspensión definitiva entre las que destacó que se declara que la decisión de despedirlo, podría ser inconstitucional.
“Que se mantengan las cosas en el estado en que se encontraban antes de la emisión de la norma impugnada, es decir, para que la parte quejosa continúe en el cargo que ocupaba, así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarla o destituirla de sus funciones. Y que se le restituya en el goce de sus prerrogativas y con las obligaciones que conlleva.
“En el acuerdo se advierte: de un análisis provisional pueden apreciarse razones que apuntan a su inconstitucionalidad pues la SCJN ha sostenido que las leyes privativas están prohibidas. Por lo que estima procedente conceder la suspensión definitiva ya que no hay afectación y la sociedad se vera beneficiada”.
Fuente: Milenio