A pesar de que el Gobierno mexicano mejoró su calificación en la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), que fue dada a conocer este lunes, persiste un alto grado de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto público.
De acuerdo con los resultados de la EPA, el País obtuvo un calificación global de 79 sobre 100 puntos, lo que lo coloca como una de las naciones que más información fiscal proporciona, sobre todo en lo referente a la planeación y publicación presupuestaria.
Sin embargo, falla respecto de la supervisión de cómo se ejercen los recursos, en donde la Cámara de Diputados consiguió una calificación de 20 sobre 100, así como la inclusión de la participación ciudadana, en la que su puntaje fue de 35 sobre 100.
Entrevistados tras revelarse los resultados, investigadores de Fundar, organización que participó en México en la elaboración del estudio, señalaron que un tema de preocupación sigue siendo el de los fideicomisos, pues carecen de controles adecuados y concentran sumas importantes de recursos.
Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, indicó que al 30 septiembre pasado existían 335 fideicomisos con un saldo disponible acumulado de 682 mil 557 millones de pesos, lo cual equivale al 3 por ciento del PIB, y al 13 por ciento del presupuesto aprobado para 2018.
“Los fideicomisos en sí mismos son figuras financieras que pueden ser muy opacas a pesar de que en México hay avances en materia de transparencia. En la Ley General de Transparencia hay un apartado específico sobre información relacionada con fideicomisos que tiene que estar pública sin necesidad que medie una solicitud y, sin embargo, no se cumple”, señaló.
La EPA, que a nivel mundial es conocida como Open Budget Survey, se da a conocer cada dos años –en 2015 México obtuvo 66 de calificación– y es la única medida independiente, comparativa y regular de la transparencia pública presupuestaria y la rendición de cuentas en todo el mundo.
Iván Benumea, quien coordinó al equipo de Fundar que participó en el análisis, resaltó la débil fiscalización que realiza el Congreso sobre el ejercicio del gasto, lo que deja amplio margen de maniobra para que la Secretaría de Hacienda asigne recursos de manera discrecional o con criterios políticos.
“Conforme a la Encuesta de Presupuesto Abierto, la Cámara de Diputados debería asumir un control más riguroso respecto del ejercicio de los recursos públicos.
“Esto implica que, por ejemplo, las comisiones al interior de la Cámara de Diputados se reúnan para discutir cómo se ha ejercido el gasto a lo largo del año y que también revisen los diversos documentos que envía la Secretaría de Hacienda respecto de la difusión del gasto”, expuso.
Fuente: Reforma
