Apenas 10 días después de las elecciones presidenciales del año pasado, Enrique Peña Nieto anunció tres reformas: una para fortalecer al IFAI, otra para crear una Comisión Nacional Anticorrupción y una más para regular la publicidad oficial en medios de comunicación.
Tres de las banderas que usaron sus opositores para atacarlo en campaña eran tomadas como estandarte por el virtual ganador de los comicios. La dos primeras prometían el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas del país y se tradujeron en iniciativas del PRI en cuanto inició la nueva Legislatura.
La tercera nunca se presentó. Ocho meses después, las reformas pro transparencia y anticorrupción están paralizadas, y el sistema de rendición de cuentas del país, en vilo. Se comenzó a desmantelar el sistema de fiscalización anterior, y el nuevo modelo no termina de construirse.
Sin embargo, la nueva administración dio un golpe espectacular a la corrupción política con la detención de Elba Esther Gordillo, al margen del entramado institucional que se pretende construir.
Secretaría zombi, Comisión inexistente
La Secretaría de la Función Pública es un ente en desmantelamiento, con sus 250 órganos internos de control dispersos y en una situación sub júdice. La reforma a la Ley de la Administración Pública –ya aprobada y publicada en el Diario Oficial el pasado 2 de enero– contempla en su artículo 44 que los antiguos Órganos Internos de Control (OIC) deberán ser sustituidos por “unidades de auditoría preventiva”, cuyos titulares serán nombrados por los propios funcionarios, con base en perfiles establecidos por la Secretaría de Hacienda. Pero, en el segundo transitorio del decreto de reforma se establece: “las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica”.
Actualmente, según funcionarios de diversas dependencias, lo que está ocurriendo es que los secretarios y demás funcionarios están nombrando ya a sus jefes de auditoría, pero a través de oficios de la Secretaría de la Función Pública, que sobrevive con un encargado de despacho: el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde.
“Es una secretaría zombi”, describieron varios especialistas consultados por Reforma en enero. Dos meses después, la situación se mantiene y empeora: la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción está siendo sometida a consultas en el Senado de la República y podría no ser aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones.
Las principales resistencias a la desaparición de la SFP y la creación del nuevo órgano han provenido de senadores panistas, que critican el nuevo modelo. Salvador Vega, senador panista y ex secretario de la Función Pública, asegura que la Comisión “es más un asunto cosmético”, pues no tiene la facultad esencial para combatir a la corrupción: la fiscalización. Vega niega que la Comisión vaya a ser autónoma, pues se plantea que sus integrantes sean nombrados por el Presidente; además de prever un esquema en el que cada funcionario va a nombrar a su titular de auditoría.
“Que los propios titulares de las dependencias nombren a sus auditores va en contra de estándares internacionales aprobados por México”, señala. El ex funcionario calderonista critica que la nueva instancia no contemple programas que venía desarrollando la SFP, como la desregulación, la eficiencia gubernamental, el gobierno abierto, la investigación de declaraciones patrimoniales y el seguimiento a contrataciones públicas.
Vega prevé que el impasse se prolongue, pues aún suponiendo que se apruebe la Comisión en este periodo ordinario de sesiones, faltará la ratificación de la reforma en los estados, la aprobación de su Ley Orgánica, la modificación de una veintena de leyes para que pueda operar y la contratación del personal para echarla a andar.
Y mientras, advierte, la fiscalización está en el limbo. Desde la sociedad civil también se ha cuestionado la nueva instancia con la que Peña Nieto pretende combatir un fenómeno que, según estudios recientes, sigue afectando a México. De acuerdo con el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, México se mantiene en el lugar 105 de 176 países estudiados.
Con sólo 34 puntos (Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda ocupan juntos el primer lugar en el rankingcon 90 puntos), México se ubica muy por debajo de Estados Unidos, Canadá y Brasil, pero también por debajo de países menos desarrollados, como Cuba, El Salvador, Bolivia y Jamaica.
Según la propuesta de Peña Nieto (presentada como iniciativa por el PRI y el PVEM en el Senado), se deberán reformar los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución, para crear una instancia encargada de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos y perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción.
La Comisión tendría facultades para sancionar administrativamente y realizar la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, e incluso de particulares. Y podría atraer casos de estados y municipios. El órgano se integraría por cinco comisionados, que durarían en su encargo siete años improrrogables.El presidente de la Comisión sería nombrado por los propios comisionados y lo sería durante cuatro años. El presidente de la República propondría a los comisionados y el Senado podría objetar las designaciones –a través de dos terceras partes de sus miembros– en un plazo de 30 días.
En paralelo, la iniciativa contempla crear el Consejo Nacional por la Ética Pública, un órgano interinstitucional presidido por el Ejecutivo federal que integraría a ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia.
El modelo ha sido criticado, por insuficiente, desde la sociedad civil y la academia, y actualmente está puesto a consulta en foros organizados por la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara alta.
El senador Pablo Escudero, presidente de esta comisión, admite las resistencias, principalmente del PAN, y urge a que éstas se resuelvan en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Me parece muy importante que al final de este periodo ordinario podamos definir, para que el Ejecutivo también pueda tomar cartas en el asunto”, explica el senador del PVEM, quien además presentó la iniciativa, “ojalá al final del periodo haya definiciones de quiénes sí quisieron ir a estos órganos constitucionales autónomos que darían más fortaleza al combate a la corrupción, a la transparencia y a la rendición de cuentas, y quiénes no”.
En contraste, para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el impasse que se vive demuestra que no se ha podido construir una política nacional anticorrupción.
“No hemos discutido cuál es el marco en el que se inscriben estas iniciativas. No hay una estrategia general. Ninguna de las iniciativas que se están planteando en la materia define qué vamos a esperar en materia de corrupción”, explica.
Bohórquez señala que el desmantelamiento de la SFP dejó al gobierno federal sin un vocero en materia de combate a la corrupción, sin un articulador de la política pública en la materia y sin un coordinador de los órganos encargados de los procesos de auditoría.
La crisis del IFAI
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es otra institución cuya transformación está trunca. El Senado aprobó el 20 de diciembre la reforma constitucional que le da plena autonomía y amplía sus facultades, atribuciones y entes sujetos a su jurisdicción.
Asimismo, planteaba la permanencia de los cinco comisionados hasta cumplir los plazos para los que fueron designados en diferentes momentos del sexenio pasado. La reforma debía ser avalada por la Cámara de Diputados, como uno de los primeros asuntos del periodo ordinario de sesiones que inició el 1o. de febrero, pero a partir del 18 de enero –tras la elección de Gerardo Laveaga como presidente del instituto– afloró una crisis entre comisionados que se venía gestando desde el año pasado.
El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar aprovechó la toma de posesión de Laveaga para denunciar cómo se coludieron las demás comisionadas para votar en su contra. Acusó a Laveaga de ser un comisionado perezoso y de buscar un reparto de canonjías y privilegios económicos dentro del IFAI. Además, reveló que la comisionada Sigrid Arzt habría incurrido en conflicto de interés al solicitar con seudónimos información sobre el desempeño de los propios comisionados, y luego interponer recursos que ella misma votó en el pleno. Los diputados del PRI, coordinados por Manlio Fabio Beltrones, advirtieron de inmediato que revisarían con cuidado la minuta del Senado y que eliminarían el “pase automático” de los comisionados del IFAI actual (bajo la figura de órgano descentralizado) al nuevo órgano con autonomía constitucional.
En el Senado, PRI, PVEM y PRD también cuestionaron el comportamiento de los comisionados, y trataron de revisar la minuta que habían aprobado. Al no poder cambiar una minuta aprobada por unanimidad en diciembre, ordenaron a la Secretaría de la Función Pública una investigación a fondo y citaron a los comisionados a comparecer ante las comisiones Anticorrupción y de Gobernación.
La crisis se prolongó hasta la semana pasada, cuando los comisionados comparecieron, y fueron duramente cuestionados por senadores del PRI, PVEM y PRD por ventilar burdamente sus diferencias, por el posible conflicto de interés en el que incurrió Arzt y por sus niveles de gasto en viajes al extranjero y viáticos. En la comparecencia, los cinco comisionados defendieron su trabajo, aseguraron que sus diferencias son parte de la “condición humana” y de la pluralidad que rige en un órgano colegiado.
El PAN, a través de los senadores Héctor Larios, Javier Corral y Marcela Torres, acusó una intentona de debilitar al IFAI justo cuando se le pretende dar autonomía y ampliar sus facultades. Pablo Escudero, presidente de la comisión ante la cual comparecieron los comisionados, asegura que si el Senado hubiera tenido los elementos de información que han salido a la luz pública tras la elección de Laveaga como presidente del IFAI, seguramente no se hubiera aprobado la minuta por unanimidad.
Principal promotor de que los comisionados sean ratificados antes de pasar al órgano autónomo, Escudero asegura que la Cámara de Diputados deberá modificar la minuta.
“Después de esta comparecencia, de ver lo que está sucediendo en el instituto, después de ver el derroche de algunos comisionados en viajes, sí amerita una revisión a detalle”, señala. Según el senador, la intención del PRI y el PVEM no es descabezar el instituto para después repartírselo. Y acusa al PAN de defender a los comisionados que puso el ex presidente Felipe Calderón, especialmente a la polémica Sigrid Arzt. Un día después de la comparecencia, organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña en defensa del IFAI a través de las redes sociales de internet, bajo el hashtag #IFAInosenegocia.
“La designación de comisionados a partir de la repartición de cuotas partidistas anularía los propósitos de la reforma constitucional en materia de transparencia, que buscan dotar al IFAI de mayores facultades para garantizar el derecho de acceso a la información”, advierte el Colectivo por la Transparencia integrado por 14 organizaciones. Haydeé Pérez, responsable del programa de Transparencia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, asegura que se ha magnificado la crisis del IFAI con la intención de descabezar al instituto.
“No es un asunto de los comisionados, honestamente son indefendibles. Pero estamos en el marco de una reforma constitucional que va a propiciar que se incluya a los sindicatos y a los partidos como sujetos obligados. Por la vía legal estamos fortaleciendo al IFAI, pero en los hechos se le está debilitando.
“Si ahorita se decapita al IFAI, el riesgo es que pase lo que ya pasó en instituciones como el IFE. Esto puede ser la debacle del IFAI. Se le quiere dar la estocada final”, advierte. Para el especialista Sergio López Ayllón, los únicos que ganarían con el descabezamiento del IFAI –y eso sólo coyunturalmente– serían los partidos políticos. Miembro de la Red por la Rendición de Cuentas y director del CIDE, López Ayllón defiende la reforma constitucional que aprobó el Senado, que contempla que los comisionados concluyan con su periodo para el que fueron designados, además de la incorporación de dos integrantes más bajo un nuevo método de designación.
“Quitar a todos no contribuiría a fortalecer ni la credibilidad, ni las capacidades del instituto. Los comisionados, buenos, malos o regulares, ya tienen una experiencia, una visión probada. Si ponemos nuevos comisionados, vamos a empezar de cero; la idea de los relevos escalonados atiende a esto: son temas técnicos, complejos y los comisionados, a pesar de que puedan tener diferencias, al trabajar en un órgano colegiado han generado un conocimiento experto, una visión.
“Si vamos a tener un IFAI con mayor influencia y nuevos poderes, necesitamos la experiencia de los que están y que el órgano se vaya enriqueciendo y vaya cambiando paulatinamente”, explica.
López Ayllón sugiere a los legisladores concentrarse más en la articulación del sistema de rendición de cuentas que están creando, con la reforma al IFAI y la Comisión Anticorrupción.
“Estamos en un impasse que puede tener dos salidas: la primera, la deseable, es que se entienda que la transparencia solita no es igual a rendición de cuentas y que hay que vincular al IFAI con otras instituciones; pero también hay el peligro de que se acentúe la fragmentación”, alerta el académico.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aplazó el miércoles, por tercera semana consecutiva, la discusión de la minuta enviada por el Senado. Según miembros de esta comisión, la intención del PRI es quitarle el “pase automático” a los comisionados y someterlos a un procedimiento de ratificación.
Si se modifica la minuta, ésta deberá regresar al Senado, lo que aplazaría aún más la reforma del IFAI.
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