La rendición de cuentas en nuestro país, venturosamente, se ha convertido en un tópico recurrente en los círculos académicos, gubernamentales y de formación de opinión. La demanda social por una gestión pública más efectiva y la labor desarrollada por distintas instituciones, a partir de los últimos años, ha logrado introducir —en las más distintas narrativas— la importancia que reviste el hecho de que aquellos a quienes se ha delegado una facultad y atribuciones legales para cumplirla, se hagan responsables de su actuación y de los resultados obtenidos ante la sociedad.

También resulta alentador percatarse de que el manejo de esta temática, en distintos ámbitos, se ha visto acompañado de una mayor complejidad y sofisticación en cuanto a la definición de las características que debe tener la rendición de cuentas, qué elementos constituyen sus pilares fundamentales y cómo pueden interactuar entre sí para ampliar el alcance, complementar sus capacidades y tener por resultado una visión holística y diversificada de esta situación.

En efecto, el debate público ya va más allá; del simplismo de “sanción como solución a la corrupción”, la argumentación en la actualidad pasa por una amplia gama de temas que involucran a más de un actor o circunstancia y que nos muestran las distintas facetas que tiene este problema. Entre otros, podemos citar:

—La necesidad de perfeccionar el federalismo mexicano para fortalecer las capacidades administrativas de estados y municipios.

—La importancia de contar con mecanismos de contabilidad gubernamental consistentes que permitan plasmar en las cuentas públicas, de manera fidedigna, la complejidad de la acción del gobierno.

—La transparencia asumida como un requisito adicional del ethos del funcionario público, es decir, su disposición a abrir a la luz pública la totalidad de su gestión como condición de ejercer sus atribuciones.

—La puesta en práctica, a nivel nacional, de un sistema armonizado y estandarizado de archivos, que sirva como complemento al derecho de acceso a la información.

—El impacto que, en términos de mejora sustancial de la gestión gubernamental, tiene la existencia de sistemas de control interno en cada institución pública, así como su continua evaluación.

—La determinación de avanzar hacia la implantación de Sistemas de Evaluación al Desempeño y, aunado a esto, la aplicación de Presupuestos basados en Resultados.

—La fiscalización autónoma e independiente, que aporte información respecto a los problemas en la operación de las entidades públicas.

—El concurso y la coordinación entre ámbitos de gobierno y el intercambio de información como condición ineludible para cerrar los espacios de opacidad que favorecen al dispendio, la incapacidad y, en último término, la corrupción.

-La participación responsable de organizaciones de la sociedad civil que actúen, de manera rigurosa —en cuanto a la validez de las pruebas y la objetividad de sus análisis— en la definición de objetivos, en la apertura de espacios críticos y de investigación, así como en el desarrollo de instrumentos e ideas que sumen e incidan, de manera constructiva, en este esfuerzo.

Todos estos elementos prefiguran los componentes necesarios de un verdadero Sistema de Rendición de Cuentas en México. La tarea pendiente es homologar los avances registrados a nivel federal con lo que sucede en los estados del país, así como vincular estos elementos en un engranaje basado en buenas prácticas, profesionalismo y, sobre todo, honestidad.

Al ser una obra en común, ninguna institución o grupo debe caer en la tentación de actuar pensando en sus intereses presentes o sus proyecciones a futuro; la creación de este sistema, más que de ningún otro, debe implicar asumir una actitud de colaboración entre iguales, desprovista de cualquier asomo de protagonismo, y un compromiso con la nación. No puede ser de otra forma.

Fuente: El Universal