En 2013, la deuda pública de estados y municipios alcanzó el monto más alto en los últimos 19 años. La opacidad, la poca transparencia, las malas prácticas administrativas y el desvío de los recursos estatales son los principales problemas a los que se enfrentan las auditorías estatales, organismos encargados de revisar el buen uso del erario público, lo que ha derivado en que algunas entidades, como Michoacán, señalen reiteradamente que operan con números rojos como consecuencia de los pasivos que vienen arrastrando de administraciones anteriores.

Sin embargo, especialistas en el tema de transparencia y finanzas públicas afirman que la ejecución eficiente de la responsabilidad de las auditorías se ve mermada debido a que los titulares de dichos organismos se encuentran limitados desde su nacimiento, ya que son elegidos por el poder legislativo y supeditados al gobierno estatal, y a quienes terminan respondiendo por sus interés políticos, más que en nombre de la rendición de cuentas.

En 2013, sólo ocho gobernadores habían divulgado su declaración patrimonial, ya que el resto no están obligados por la ley a hacer pública la información. En cuanto al ejercicio del presupuesto, algunos mandatarios han aprovechado las ventajas de la ley para no sólo gastar de manera discrecional sino también endeudar a sus entidades, uno de los casos más significativos es Coahuila, durante la gestión del priista Humberto Moreira Valdés (2005-211), quien dejó una deuda por 34 mil millones de pesos y aunque la sociedad civil e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) han pedido que se investigue y se ejercite acción penal contra el ex mandatario y los responsables, el gobierno de Coahuila reservó parte de la información desde el 7 de abril de 2014, como consta en una solicitud de transparencia con el expediente 067800006314.

Por este caso, sólo se le sigue un proceso en Estados Unidos, al ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, por conspiración y lavado de dinero . Otro caso que está actualmente bajo la lupa es el de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, quien en 2010 recibió la administración con una deuda de 13 mil millones de pesos. Hoy, tres años después, es de más del doble. Si continúa a ese ritmo, al finalizar su gestión, en 2016, llegará a 41 mil millones de pesos, un monto mayor al que dejó Moreira en Coahuila.

Expertos señalan que los Congresos locales y organismos autónomos de transparencia tendrían que presionar a los mandatarios estatales para que sean más transparentes en cuanto al uso de sus recursos y rendir cuentas, pero, a pesar de que se han dado reformas constitucionales en la materia, la mayoría de las entidades federativas aún carecen de mecanismos para lograrlo. Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya está facultado para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y que los organismos estatales de acceso a la información actúen y tengan autonomía sobre el patrimonio e ingresos de estados y gobernadores, los funcionarios siguen refugiándose en la protección legal de sus datos personales.

La falta de mecanismos eficientes ha derivado en el mayor endeudamiento de los estados desde que se tiene registro de sus finanzas (1994). “La decisión del uso de los recursos se dictamina en el Congreso, Congreso que está controlado por el Gobernador. Entonces, ahí es donde pueden hacer las reasignaciones y donde el propio Gobernador a través de un procedimiento administrativo, seguramente, puede enterar o hacer reasignaciones presupuestales”, señaló a SinEmbargo el Diputado Federal por el Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Villanueva Albarrán.

Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destaca que la deuda pública de los estados y municipios se duplicó entre 2007 y 2013 al pasar de 186 mil 470 millones de pesos a 482 mil 807.2 millones al cierre del año pasado, su mayor nivel desde que se tiene registro. Según la SHCP, el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración. Con respecto al saldo de 2012, de 434 mil 761.2 millones de pesos, las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios mexicanos registraron un incremento de 11.05 por ciento.

Además, la deuda de estados y municipios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representó 3.0 por ciento al cierre del año pasado. Según el reporte de la dependencia, las cinco entidades más endeudadas en 2013 y que concentran 49.1 por ciento del saldo total son Distrito Federal, con 62 mil 962.5 millones de pesos, y Nuevo León, con 51 mil 911.9 millones de pesos. Le siguieron Chihuahua con 41 mil 768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 mil 923.8 millones, y Estado de México con 39 mil 622.3 millones de pesos. Como proporción del PIB por entidad federativa, las que registraron los niveles más altos al cierre de 2013 son Chihuahua con 9.0 por ciento, Quintana Roo con 7.5, Chiapas con 7.2, Coahuila con 6.8 y Nayarit con 6.1 por ciento.

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