Al acudir el gobierno mexicano a la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar asistencia técnica en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de dicho organismo, señaló: “…hechos de extraordinaria gravedad como los de Tlatlaya e Iguala conectan lo que ocurre hoy con lo que ocurría en el sexenio anterior… las desapariciones forzadas no son un fenómeno nuevo en México”.
Es cierto, por desgracia, las atrocidades de los casos recientes que han cimbrado a nuestro país y a la opinión pública internacional, no son ni nuevas ni excepcionales. Llevamos ya muchos años de violencia e inseguridad, de violaciones graves a los derechos humanos, de complicidad de las fuerzas públicas con el crimen organizado y el problema sigue enfrentándose como si se tratara de hechos aislados o extraordinarios.
Al tiempo que es urgente fortalecer por todos los medios las investigaciones para hallar a los estudiantes secuestrados, castigar a los culpables e identificar responsabilidades puntuales, es necesario trabajar en una política de mediano plazo para combatir la raíz del problema que es la impunidad. Me refiero a una política de rendición de cuentas que sea capaz de ser un antídoto contra la impunidad.
La impunidad es la ausencia de castigo por atropellos a las normas, o por violaciones a los derechos humanos. La impunidad implica que acciones criminales no tengan consecuencias, y en nuestro país ésta se ha convertido en una enfermedad crónica que corroe nuestros andamiajes institucionales y que ha derivado en una auténtica cultura de la impunidad que alimenta a la corrupción y a la injusticia.
Para que la rendición de cuentas sea un antídoto eficaz contra la impunidad, debe de ir más allá de una invocación discursiva para erigirse en un verdadero sistema nacional, tal como lo ha venido promoviendo y diseñando la Red por la Rendición de Cuentas (RRC). Un sistema nacional de rendición de cuentas es una política pública completa y articulada que parte de reconocer que la impunidad y la corrupción están neciamente arraigadas y que busca integrar a todos los programas y mecanismos de control, fiscalización, prevención y sanción que hoy existen, pero que como ha insistido la RRC, están fragmentados y dispersos. Sólo así podrá establecerse un piso firme de prácticas que haga que la responsabilidad y sus consecuencias sean el eje y el propósito del servicio público, en todos sus ámbitos.
Como parte de lo que ha venido haciendo durante los últimos cuatro años, la RRC organizó un seminario internacional el 20 y 21 de octubre pasado, para reflexionar desde una óptica comparada, sobre la ruta a seguir para diseñar una efectiva política pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se trató de contrastar avances normativos e institucionales que se han aplicado en otros países y de conocer los contextos favorables que se requieren para lograr su aplicación. Todo esto, teniendo en mente que los avances que se han logrado en México en materia de transparencia, evaluación de desempeño y fiscalización, siguen estando fragmentados.
Como bien señaló Mauricio Merino, presidente de la RRC, “…la corrupción es una consecuencia del desorden y la impunidad que la auspicia: nunca será suficiente perseguir a individuos corruptos, mientras las causas se mantengan intactas…”
Trabajar en el mediano plazo, poniendo el énfasis en las causas, no significa descuidar las investigaciones de los trágicos sucesos de Ayotzinapa; quiere decir ahondarlas y reforzarlas, asumiendo la necesidad de inscribirlas en un horizonte de mayor alcance, compromiso e integralidad.
Fuente: El Universal
