Así como la agenda de reformas estructurales ha hecho que el Congreso meta el acelerador a fondo para adecuar leyes secundarias y marcos institucionales que las hagan operativas, así también nos encontramos de pronto en el Congreso con propuestas regresivas que reflejan las inercias autoritarias que prevalecen en el sistema político mexicano. Y para muestra, un botón: la semana pasada apareció en el orden del día de la Cámara de Diputados un dictamen en el cual se proponen modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El dictamen proviene de la iniciativa hecha por los prisitas Manuel Añorve Baños –de Guerrero- y Héctor Gutiérrez de la Garza-de Nuevo León- donde la finalidad es modificar el artículo 13 para eliminar la calidad de “grave” por el incumplimiento de los servidores públicos sobre la presentación con oportunidad y veracidad de las declaraciones patrimoniales.

La supuesta argumentación sostiene en que debido a que la reforma político-electoral implicó adecuaciones al catálogo de conductas consideradas como graves vinculadas a la materia electoral, “por error de transcripción” se mantuvo la disposición respecto a las declaraciones patrimoniales. Según lo establecido por la LFRASP, las sanciones por omisión o falsedad de la declaración patrimonial puede ir desde una amonestación pública o privada hasta la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La Secretaría de la Función Pública ha sido puntual en el monitoreo de esta disposición y recientemente dio a conocer que el 97% de los funcionarios públicos federales cumplen con la ley.

Incómodos por esta disposición, los diputados Añorve Baños y Gutiérrez de la Garza así como aquellos integrantes de la Comisión de Gobernación que lo aprobaron para su discusión, decidieron, de un plumazo, dar marcha atrás a lo poco que se ha avanzado en materia de responsabilidad pública en este país.

Lo que es peor, justo después de que el Congreso se ha llenado de declaraciones a favor del “Parlamento Abierto” en donde uno de los puntos sustantivos es la publicidad de las declaraciones patrimoniales como una forma de brindar herramientas para el control social de los ciudadanos, este grupo de diputados prefiere fomentar la impunidad y alimentar la desconfianza. Lejos, muy lejos de las expectativas, están este grupo de diputados que supuestamente votarán las reformas que cambiarán a México.