En el Día Internacional del Derecho a Saber y dentro de la semana México Infórmate, esta organización civil retoma el caso de Jesús Piña Fraga, cuyas solicitudes de acceso a la información en San Luis Potosí no tienen respuesta por decisión de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Piña Fraga solicitó información por primera vez a una dependencia estatal en el año 2002, unos meses antes de la entrada en vigor de la primera Ley de Transparencia que hubo en el Estado.
Tras nueve años de ser solicitante frecuente, ahora, Piña Fraga fue víctima de una resolución de la actual Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Fundó la Unión de Usuarios de Leyes de Transparencia y logró captar la atención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación a la situación de las cuotas de padres de familia en las escuelas del país, según consta en el portal Proyecto Tábano, dedicado a temas de transparencia.
En los últimos 18 meses, Piña Fraga no ha tenido respuesta de varios casos que ha solicitado. Esto se debe a una resolución que extrañamente tenía una dedicatoria personalizada en contra del solicitante “frecuente”. El 5 de abril, exactamente al tercer día hábil después de la presentación del escrito de Piña Fraga, los comisionados de la CEGAIP realizaron una sesión extraordinaria en la que tomaron el acuerdo que dice:
“Se acuerda por Unanimidad que al haber manifestado Jesús Federico Piña Fraga su decisión de desistirse de todas y cada una de los recursos de Queja por él interpuestos, con fundamento en el artículo 104 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán sobreseerse todos los asuntos que se encuentren en trámite hasta antes de haber emitido resolución por parte del Pleno de esta Comisión”.
La CEGAIP se liberó no sólo de los casos que aún se encontraban en proceso de resolución, sino de todos aquellos en los que ya se había pronunciado y los entes obligados debían dar atención a su resolución los ha declarado concluidos.
Actualmente Jesús Piña Fraga sigue insistiendo en que el órgano garante debe velar por los derechos de los ciudadanos que presentan solicitudes de información y obligar a los funcionarios públicos a cumplir con la ley. Su caso ha sido estudiado por el Relator de la Libertad de Expresión y además de contar con varios amparos que le ayudaron a obtener la información solicitada, se encuentra en vías de presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante las reiteradas negativas que ha recibido para que le entreguen la documentación solicitada.
Piña Fraga se ha especializado en pedir información a las escuelas públicas de San Luis Potosí, en los gastos que hacen dichos entes con los recursos públicos que reciben así como las cuotas que obtienen de los padres de familia, para saber el origen y destino de los mismos.
