En 1999, un año antes de la alternancia en la presidencia de la República, Jesús Silva Herzog-Márquez, alertaba de los riesgos de la transición a la mexicana (El antiguo régimen y la transición)que en lugar de encaminarse a una instauración democrática, terminara en una mutación del autoritarismo y de los vicios del viejo régimen.

Tras dos sexenios de la alternancia en el gobierno federal, una composición plural de las últimas legislaturas que han integrado el Congreso de la Unión y alternancias diversas en casi todas las entidades del país puede apreciarse como el politólogo tenía razón. Oaxaca parece encaminarse por la misma ruta de la mutación antidemocrática.

Entre las causas que el politólogo señalaba para que esto ocurriera era que el sistema político mexicano había mutado de un autoritarismo ejercido por un partido hegemónico a uno con un amplio, pero irresponsable, pluralismo, donde los actores adquieren el poder para bloquear las acciones de los adversarios pero carecen de la determinación para actuar en concierto, un poder que los haga capaces de buscar con todas sus fuerzas la consecución de intereses facciosos, pero incapaces de trabajar por sentar bases institucionales democráticas.

Esta actitud, que pernea al país en la última década, se tradujo en una parálisis legislativa, un debilitamiento institucional y una deslegitimación del sistema de partidos. En Oaxaca, lejos de aprender se reproducen los errores.

Durante las últimas semanas, en este estado, hemos visto una concatenación de hechos que muestran el actuar antidemocrático de actores sociales y clase política: desde las tradicionales movilizaciones (plenamente autoritarias) del magisterio, la cuestionada elección del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, la elección de rector en la UABJO, entre otras.

Entre los pendientes se encuentran las reformas a la legislación secundaria que permitan hacer operables los cambios constitucionales de abril de 2011. Es una oportunidad para dar muestras de voluntad y decisión política de legisladores, partidos y gobierno, de avanzar en la transición democrática. Pero también es coyuntura para la tentación autoritaria.

Una reforma pendiente es la reforma político-electoral. Por ella necesariamente pasarán las bases de una vida democrática o bien los frenos para la misma, e incluso la regresión autoritaria.

Y es que priva entre grupos parlamentarios, partidos políticos, actores sociales y organismos civiles una gran desconfianza, como de quienes ven la posibilidad de ser afectados sus intereses y quieren que estos priven sobre el mandato ciudadano del 2010 y buscan reformar la ley con esa intencionalidad.

En la legislatura local existen diversas iniciativas de reformas al código electoral, presentadas tanto por las distintas fracciones parlamentarias, como consejeros del instituto electoral, aunado a un acumulado histórico de propuestas de la sociedad civil.

Ello habla de la importancia del tema pero también de un sinfín de intereses que giran en torno al mismo. No es menor el asunto, la democracia pasa por tener reglas claras, procesos transparentes y un árbitro autónomo, fortalecido, profesional y ciudadanizado.

Y en la desconfianza construida históricamente todos dudan de todos. Una situación que conlleva la tentación autoritaria de la nueva correlación de fuerzas en Oaxaca.

Si antes un partido era hegemónico y controlaba sin miramientos el órgano electoral, e incluso a él se sometían representantes y actores de otras siglas partidarias, llega el tiempo de revancha: los antes excluidos (o interesadamente cómplices) buscan ahora maniatar a su favor a la institución encargada de los procesos electorales y de participación ciudadana.

La impronta de considerar a las instituciones adversarias o cómplices es por supuesto una visión simplista y profundamente antidemocrática, pero es una situación que se refleja de manera evidente de un análisis de las que se encuentran en el Congreso estatal.

Además, hay dos temas torales para la entidad que también habrán de abordarse: el de la participación ciudadana, que siendo una conquista de la sociedad civil pese a los candados que se han puesto para un ejercicio vital y con mayor profundidad, se les ha excluido de su discusión. Aunque la demanda exigiría una ley concreta para su regulación hay la intención de convertirla en un apartado del código electoral.

El otro tema es el de la libre determinación de los pueblos indígenas. La respuesta histórica que se dio en 1995 a la demanda de autonomía política, cuando se reconoció la gobernabilidad de “usos y costumbres” como un régimen legal y legítimo de los municipios y comunidades oaxaqueñas, exige ahora un actuar de la ley y las instituciones, quienes siguen teniendo una deuda con ellos.

Pero hay posibilidades de retroceso. Por ejemplo, instituir la obligatoriedad a los municipios de establecer Estatutos Electorales es violatorio de la autonomía. Si bien los estatutos pueden ayudar a resolver conflictos en donde éstos se han radicalizado y rebasado a la institucionalidad comunitaria, la obligación de elaborarlos puede crear conflictos en lugares en donde no existen. La dinámica particular de su organización sociopolítica y la flexibilidad de sus reglas para la construcción y ejercicio de la ciudadanía y la disputa por el poder local son tierra fértil. Por eso debe ser una alternativa no un imperativo contar con ellos.

Mayor riesgo sería establecer el padrón municipal comunitario como obligatorio. Regular a los pueblos indígenas con los mismos mecanismos de la democracia liberal, es no sólo una incomprensión de sus sistemas normativos, sino una negación del derecho a la diferencia, consagrado constitucionalmente y reconocido por los instrumentos internacionales. En la práctica es una violación a la autonomía.

Dicha propuesta, que puede ser de buena fe para buscar salidas a la conflictividad municipal, puede convertirse en un filón para ofrecer posteriormente la “asesoría” para la elaboración y actualización de esos instrumentos.

Por esas razones, como se ha exigido desde la sociedad civil y la academia -e incluso desde las instituciones-, es necesario abrir el debate sobre los temas que afectan al movimiento indígena. La responsabilidad histórica que asumirán las y los diputados de la 69 Legislatura no es menor, en sus manos estará la decisión de avanzar hacia la democracia, como se comprometieron al asumir sus cargos, o perpetrar un retroceso manteniendo el statu quo, sólo con otros nombres y siglas. La consolidación democrática o la mutación autoritaria será el mensaje contundente que llevará la aprobación de la reforma electoral.

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