Ante la premura con que se pretende aprobar la reforma electoral, el Instituto Federal Electoral (IFE) advirtió que la minuta que carece de un modelo de institución electoral que por tanto dificulta garantizar que se mantengan los altos estándares de realización y regulación de los procesos electorales que se han tenido hasta la fecha.

En el documento titulado “Observaciones a la minuta de reforma electoral”, los consejeros electorales evidencian las múltiples imprecisiones que existen sobre la división de competencias y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los órganos electorales locales lo que incluso podrían generar una parálisis su máximo órgano de dirección.

“Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales”, señala el documento.

Otro de los puntos que cuestionan los consejeros en funciones, es la desaparición de la Unidad de Fiscalización, en donde se prevé que dicha atribución sea trasladada al Consejo General para que sea el responsable de dicha función.

Sin embargo, esta propuesta olvida que este órgano está integrado por representaciones de propios partidos políticos y de los distintos grupos parlamentarios; por lo que se plantea que un órgano integrado por los propios sujetos a fiscalizar sea el responsable de realizar la fiscalización.

Sin mencionar que la reforma no contempla dentro de los artículos transitorios la ruta que se deberá seguir para la transformación del IFE al INE, con lo que se abren vacíos legales que no salvaguardan ni las garantías ni la operación de servicios importantes para la gobernabilidad y para los ciudadanos.

Adicionalmente consideran que los cuatro meses que se prevén para expedir las leyes secundarias de la reforma parecen poco viables para construir un andamiaje legal adecuado  o que se cuente con suficiente tiempo para su aplicación correcta.

“Existe el riesgo de que, en ausencia de la legislación secundaria, el INE tenga que solventar en poco tiempo las reglas necesarias –mediante acuerdos, lineamientos o reglamentos—para instrumentar las disposiciones constitucionales y, con ello, vulnera el principio de certeza en detrimento de los sujetos involucrados en las contiendas electorales”, agrega el documento.

Click aquí para ver documento completo

Milenio