El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, que se realizó del 4 de noviembre al 20 de diciembre del mismo año y cuyo objetivo consistió en recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población respecto a los trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia.
Esta encuesta es realizada cada 2 años por el INEGI y, además de medir la percepción social, pretende proporcionar información y elementos útiles para la toma de decisiones de política pública.
Entre sus resultados, destacan algunos que, en principio podrían estimarse contradictorios, ya que, por una parte, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de los actos de corrupción en instituciones de gobierno se ha reducido, al pasar de 91.1% en 2017 a 87% en 2019. Asimismo, existió un incremento general en la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno federal, donde se duplicó de 25.5% a 51.2%.
Sin embargo, pese a esa percepción, la encuesta arrojó también “un incremento estadísticamente significativo” en el número de la población afectada directamente por prácticas de corrupción, ya que la prevalencia de actos de corrupción aumentó de 14,635 víctimas por cada 100 mil habitantes a 15,732; en tanto que la tasa de casos nuevos pasó de 25,541 a 30,456.
Aunado a ello, hubo un alza del 64.1% del costo total de este problema. En 2019 la suma ilegal de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12,770 millones de pesos, es decir, un aproximado de 3,822 pesos promedio por persona afectada.
Desde nuestro punto de vista, una primera explicación de esta posible contradicción radica en que la percepción de disminución de actos de corrupción en el gobierno y el incremento en la confianza del mismo, puede atribuirse al contenido del discurso presidencial acerca del valor de la honradez y el combate a la corrupción y la impunidad. Asimismo, por la amplia cobertura en las “mañaneras” de dicho discurso y su exposición en medios noticiosos y redes sociales.
En cambio, el aumento de la población afectada por actos de corrupción encontraría -entre muchas otras explicaciones- la falta de instrumentación efectiva de una política nacional de combate a la corrupción, más allá del discurso político, con un real efecto disuasorio y punitivo de estas conductas.
Un ejemplo de ello, de sobra conocido, es la ausencia de mecanismos transparentes y de rendición de cuentas, en materia de compras públicas, ya que más del 70% de las mismas se llevan a cabo por asignaciones directas y no mediante un proceso de licitación.
Los alcances nocivos de un esquema opaco en las adquisiciones gubernamentales se maximizan en tiempos de emergencia sanitaria (COVID-19), ya que estas circunstancias representan un medio idóneo para quienes cometen actos de corrupción a través del fraude en el sector salud.
Esta problemática no es exclusiva del gobierno federal, pues según la encuesta que citamos, algunos estados como Guanajuato, Puebla o Durango aumentaron sus índices de prevalencia de la corrupción hasta alcanzar porcentajes del 80.6% 63.9% y 58.6%, respectivamente.
A su vez, los estados en donde la corrupción alcanzó a una mayor cantidad de población, con tasas por arriba de los 50 mil habitantes de cada 100 mil, son Guerrero, Durango y Coahuila.
Las cifras que anteceden, según nuestro criterio, dejan claro que, pese a que en el discurso político pueda exhortarse a la buena conducta y que la estrategia anticorrupción sea “de arriba hacia abajo”, este fenómeno es mucho más complejo al desenvolverse en redes que incluyen al gobierno pero también a la ciudadanía, de tal manera que estas conductas pueden manifestarse de las más diversas formas, tanto extorsivas (abusos por parte de la autoridad) como colusivas (de común acuerdo entre servidores públicos y particulares).
Por ello, aspirar a que las autoridades -incluso partiendo de la idea de que puedan tener la mejor de las voluntades-, por sí mismas, afronten y resuelvan eficazmente una problemática tan expansiva que permea en los ámbitos públicos y privados, como es la corrupción, es sólo comprender parte del problema.
No es casual que los países que mejor desempeño tienen en combate a la corrupción sean al mismo tiempo aquellos con mayor grado de educación, trabajo, inversión, desarrollo y oportunidades para la ciudadana y que, además, cuentan con una amplia apertura y transparencia respecto al quehacer gubernamental e implementan acciones decisivas contra la corrupción, involucrando a la población en la vigilancia y denuncia ciudadana.
En ese sentido, frenar el fenómeno de la corrupción requiere el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Para ello, tal vez sea necesario adoptar una postura integral que insista desde las más diversas facetas de la vida en sociedad, en el seguimiento y atención de 10 propuestas puntuales que pudieran coadyuvar a enfrentar este problema y que, a continuación, presentamos:
- El fomento de los valores éticos y democráticos como la honestidad y la integridad.
- Un mayor incentivo a la participación ciudadana en la lucha anticorrupción.
- La generación de ámbitos de discusión académica libre de censura y reproche para debatir los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
- El robustecimiento de los mecanismos que transparentan y justifican el quehacer público.
- La concientización del valor e importancia de los controles internos y externos que fiscalizan el desempeño de las instituciones y el manejo de los recursos públicos.
- La sistematización de políticas y acciones públicas en contra de la corrupción, hoy dispersas y, hasta cierto punto, inconexas.
- La transición a un modelo más objetivo, imparcial y eficaz para reprochar la responsabilidad de los servidores públicos del Estado.
- La generación de banderas rojas o señales claras que identifiquen áreas sensibles a la corrupción, como las adquisiciones de bienes o la contratación de personas con posibles conflictos de interés.
- El rediseño e impulso del servicio civil de carrera, con el previo reconocimiento de la importancia que realmente debe tener el mérito, la preparación y la calidad en el servicio público mexicano.
- El respeto y fortalecimiento del modelo nacional de combate a la corrupción con que hoy se cuenta y que ha llevado años construir con esfuerzos ciudadanos, académicos y gubernamentales. Pese a tratarse de un diseño perfectible, constituye un punto de partida que permite el diálogo entre autoridades y ciudadanía con el objetivo común de construir políticas públicas que involucren a la sociedad y afronten a la corrupción de raíz.
Por: Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
