- El dictamen de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción debe ser completado con cambios articulados a favor de la rendición de cuentas
- Los socios de la Red por la Rendición de Cuentas inician diálogo y emiten propuestas concretas
- Legisladores se pronunciaron por abrir un diálogo que mejore la reforma anticorrupción
Las reformas constitucionales aprobadas por el Senado para crear un nuevo órgano anticorrupción autónomo requieren de ajustes y cambios que eviten la creación de un órgano de control político que no acabe con la corrupción, dijeron académicos y miembros de organizaciones sociales convocados en el Foro “El órgano anticorrupción: límites y oportunidades”, realizado el 11 de enero por la Red por la Rendición de Cuentas.
En este encuentro al que fueron convocados diversos legisladores para un diálogo abierto, se reconoció el avance que representa la creación de un órgano de este tipo, sin embargo, se señaló que para lograr sus objetivos, esta reforma debe eliminar la idea errónea de que la corrupción se combate solamente castigando corruptos sin modificar las causas que la propician.
Desde la perspectiva de la Red, Sergio López Ayllón, miembro del Consejo Asesor de la Red y Director del CIDE, señaló que para fortalecer al órgano anticorrupción se requiere que: los órganos internos de control no sean nombrados por las mismas instituciones que deberán fiscalizar, sino que debe existir un Servicio Profesional de Carrera que garantice su autonomía y labor; que las recomendaciones que emita la autoridad deben ser vinculatorias y que incluso permitan iniciar al órgano anticorrupción un juicio político; asimismo se sugirió clarificar el rol de la participación ciudadana a través de un Consejo Consultivo formado por siete ciudadanos en un esquema similar al que opera actualmente órganos como la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
Mauricio Merino, coordinador de la Red, enfatizó en la necesidad de que en el dictamen se enuncien con mayor claridad las reformas legales sustantivas que permitan la construcción de un sistema nacional de rendición de cuentas ya que “resulta inaceptable” mantener la redacción en los términos potestativos en que se encuentra actualmente. De esta manera se debe de incluir las reformas necesarias para: un servicio profesional de carrera para todos los servidores públicos, las leyes vinculadas al ejercicio del gasto público incluidas la contratación de obras y servicios, leyes de responsabilidades administrativas y penales y leyes que fijen la coordinación entre los distintos órganos de control, auditoría, transparencia, evaluación y sanción que hoy se encuentran dispersos en normas secundarias.
En el Foro también participaron: Ricardo Raphael, Óscar Guerra Ford de InfoDF, la senadora Laura Rojas, Miguel Pulido de Fundar, Marco Fernández, de México Evalúa, Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, Alejandro González, de GESOC, Víctor Andrade de la ASF, Alejandra Ríos, del CIDE, el diputado Fernando Belaunzarán, el senador Armando Ríos Piter y Lourdes Morales, directora de la Red.
Los asistentes coincidieron en que esta reforma de ninguna manera debe leerse como la culminación de una política anticorrupción, sino que debe atenderse a las causas que auspician e incentivan la corrupción, además de que debe completarse el dictamen del Senado y ser perfeccionado por los diputados para crear un sistema para rendir cuentas, incluyendo la deliberación pública con la sociedad, no sólo para registrar sus opiniones.
Mauricio Merino concluyó que para completar la efectividad de las facultades otorgadas el nuevo órgano anticorrupción en el marco del federalismo, debe establecerse un artículo transitorio por el cual se ordene al Poder Legislativo emitir las reformas constitucionales y, en su caso, legales, indispensables para armonizar los sistemas de responsabilidades de los estados y los municipios, a fin de conjurar el riesgo de que, por la vía del amparo, los funcionarios estatales o municipales eventualmente sancionados por el órgano anticorrupción mediante su facultad de atracción, queden impunes. En el mismo sentido, debe ordenarse la coordinación entre las instancias facultadas para emitir sanciones administrativas o penales en toda la república, mediante la consolidación del sistema nacional de fiscalización y rendición de cuentas.
Coincidieron los asistentes en que este ejercicio es un primer paso, importante, que debe traducirse en que todas estas propuestas aterricen en un documento que llegue a la Cámara de Diputados en busca de mejorar el dictamen aprobado.
En ese sentido, los senadores Armando Ríos Piter y Laura Rojas así como el diputado Fernando Belaunzarán, coincidieron en que las condiciones de exigencia social para la rendición de cuentas existen por lo que buscarán impulsar en la agenda del próximo periodo de sesiones, desde sus respectivas bancadas la incorporación de estos puntos en el dictamen, y trabajar en equipo, coordinados con los miembros de la Red, para construir leyes secundarias que contemplen estas demandas, desde una estrategia común.
VEA AQUÍ CARTA DE LA RRC A LOS DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA
