Al cumplirse un año de la publicación de la Ley General de Archivos -lo que representa a la vez su entrada en vigor- los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), legisladores y especialistas en temas de transparencia, advirtieron que el recorte presupuestal del gobierno federal impacta en la aplicación de esta legislación, y pidieron los recursos suficientes para su implementación.

La ley, que tardó cuatro años en gestiones en el Congreso de la Unión, requiere recursos para no ser “una aventura fallida”, indicó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI.

Durante el Foro Ley General de Archivos, Armonización e Implementación, que se desarrolla este lunes y martes en la sede del Archivo General de la Nación, especialistas y legisladores analizan la norma, la cual fue aprobada en junio de 2018, pero con especificaciones de entrada en vigor a partir del 15 de junio de 2019.

La ley regula el uso y resguardo de los archivos de las distintas áreas de la administración pública y dependencias gubernamentales, para facilitar su consulta y evitar su destrucción, ya que, señalaron los ponentes, eran constantes los casos de documentos que se incendiaban y desaparecían, o “purgas” desde oficinas de gobierno.

En su entrada en vigor, la ley ya enfrenta retos relacionados con los recortes presupuestarios de recursos federales debido a las políticas de austeridad del gobierno federal.

“Sabemos que la austeridad… ha costado ya, sin embargo, más angosturas al de por sí reducido presupuesto del Archivo General de la Nación, que es un asunto que viene cargando desde hace muchos años y que no se ha reparado y que no se ha regenerado en términos adecuados.

“Esperamos que los señores legisladores federales, este año, especialmente los señores diputados, reconozcan al Archivo General de la Nación, los presupuestos adecuados para que esta aventura no sea una aventura fallida, para que no sea una aventura que se quede atrapada en la imposibilidad de materializarse” indicó el Comisionado presidente del INAI.

Lourdes Morales Canales, representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil, recalcó que la nueva ley requiere más recursos y nuevas plazas especializadas para el manejo de los recursos, pero en este año, la política de austeridad ya generó el recorte de 12 plazas en el Archivo General de la Nación y dejó recursos que representan el 20 por ciento de lo que se requiere para implementar la ley.

Recordó que el manejo de documentos con la nueva ley implica una administración de archivos en todo el país y se vincula con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que incrementa la cantidad de recursos que se necesita para ello.

“Parte de los desafíos no sólo son presupuestales, los 87 millones de pesos que se destinaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación, apenas son el 20 por ciento de lo que se requería para la implementación; o sea están haciendo malabares”, indicó.

El Archivo General de la Nación atendía documentos de 300 sujetos obligados, mientras que con la nueva ley estará pendiente de 12 mil, agregó el director general de este Archivo, Carlos Ruiz Abreu.

Fuente: La Jornada