En la opinión pública se ha generalizado una preocupación respecto al estado de las finanzas públicas. Se pondera el entorno global y su repercusión en la marcha de la economía nacional. En este contexto, la proyección a la baja de los precios del petróleo se ha constituido en uno de los temas de mayor interés en torno a la condición de los ingresos del gobierno en el próximo año fiscal.
En efecto, para la Ley de Ingresos 2015 se decidió ajustar a un precio de 79 dólares el barril de petróleo, el cual, originalmente, se había definido en 81 dólares. Con ello, se prevé un ajuste a la baja en el plan de egresos de más de 8 mil 300 millones de pesos, a fin de mantener el mismo nivel de déficit.
A primera vista el lector podría considerar esta cantidad como un hueco considerable en las finanzas públicas, pero es necesario poner las cifras en contexto para poder entender su magnitud, e inclusive, para proponer una solución asequible que permitiera compensar este faltante.
Si contrastamos este monto con el de los subejercicios determinados por la Auditoría Superior de la Federación tras la fiscalización de los fondos de los recursos transferidos a entidades federativas, catorce meses después del cierre del ejercicio 2012, este monto asciende a 8 mil 417 millones de pesos.
Adicionalmente, la ASF reportó recuperaciones respecto a las revisiones del gasto federalizado por un monto de 10 mil 915 millones de pesos, refiriéndose a recursos que no fueron aplicados para los fines a los que estaban originalmente aprobados. Este concepto se denomina “recuperaciones” porque la entidad fiscalizada deberá devolver los recursos observados a la cuenta del fondo correspondiente.
Respecto a los subejercicios, estos podrían convertirse en recuperaciones, en el caso de que los entes auditados no documenten la aplicación de los recursos observados para sus fines originales.
En otras palabras, estamos hablando de más de 19 mil millones de pesos, que representan más del 100% del monto que tendría que ajustarse en el gasto público para compensar la caída del precio del petróleo.
La limitante de este esquema radica en que el dinero se devuelve a las cuentas de los fondos, que son manejadas por los estados. Esto impide contar con las condiciones necesarias para propiciar una rendición de cuentas completa y efectiva en las entidades federativas. La solución es la aplicación cabal del principio de anualidad en la utilización de estos recursos, ya que aunque se señala en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), no se respeta en la realidad. Esto es: que peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y para los propósitos para los cuales fue aprobado, mismo peso que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Al final del día, se trataría de una disponibilidad financiera federal.
Bajo estas condiciones, sería palpable el beneficio de la fiscalización superior para las finanzas públicas. Por ello, hemos solicitado, respetuosamente, que se considere incluir en el Decreto del PEF para 2015, una definición clara y contundente del principio de anualidad de los recursos que se transfieren a las entidades federativas, el cual constituye uno de los principales elementos de la rendición de cuentas.
En nuestro panorama se vislumbran cambios positivos respecto al marco de actuación de las instituciones involucradas en la fiscalización, acceso a información, evaluación y transparencia en México; una modificación como la que se plantea en el PEF abonaría a generar un ámbito más favorable para la correcta aplicación de los recursos públicos.
Fuente: El Universal
