Durante la comparecencia en la Cámara de Diputados, opositores acusan al secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, de no actuar frente a los escándalos de desfalcos y opacidad en este sexenio
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, recibió reclamos de opositores durante su comparecencia de este martes ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
El funcionario acudió a San Lázaro con motivo del análisis del Quinto Informe de gobierno. Ahí, explicó que el enfoque que se ha privilegiado para combatir la corrupción es preventivo y se sustenta en el fortalecimiento del control interno, el arraigo de la ética pública y el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
En su exposición, Salcedo Aquino informó que, en cuanto al combate a la impunidad, al 30 de septiembre de este año el 49% de los expedientes por responsabilidades administrativas graves fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
Asimismo, la SFP determinó 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron la normativa, que incluyen multas por mil 102 mdp y 173 inhabilitaciones. Y, por otra parte, se presentaron 99 denuncias penales de octubre de 2022 a septiembre de 2023.
El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba dijo al secretario que han sido “miles de millones de pesos perdidos en la corrupción flagrante que usted se ha negado a ver” y puso como ejemplos Segalmex, el Insabi y la falta de medicamentos, el sistema de salud, IMSS-Bienestar y los fideicomisos, el Tren Maya, Dos Bocas, ausencia de vacunas, licitaciones opacas, entre otras.
Aseguró que el informe que presenta el funcionario “ofrece cifras que deberían representar progreso, pero en cambio nos enfrentamos a un espejismo de eficiencia; las acciones superficiales y las medidas a medias han sido la norma”. Y añadió: “nosotros, como representantes populares, no olvidaremos nuestro compromiso con la justicia y la transparencia. No nos quedaremos callados”.
La diputada priista Cristina Ruiz Sandoval pidió que el combate a la corrupción no solo sea un discurso hueco y repetitivo, “que de verdad se sancione”.
El perredista Marcelino Castañeda Navarrete subrayó que los programas sociales, a cuatro años de esta administración, siguen siendo los más observados en la Cuenta Pública por la Auditoría Superior de la Federación.
“Los casos de corrupción en este gobierno han sido muchos y la compra de más del 80 por ciento de bienes y servicios mediante adjudicaciones directas dan cuenta de la terrible opacidad con la que se gobierna”, acusó.
Réplicas y respuestas
En dos rondas de pregunta-respuesta y réplica, legisladores externaron sus inquietudes sobre denuncias, licitaciones, casos de corrupción, programas y proyectos, así como observaciones de la Auditoría Superior.
La diputada panista Sonia Murillo Manríquez cuestionó cuál ha sido el resultado de las indagatorias correspondientes a las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte relacionadas con irregularidades financieras, cuántas denuncias, quejas e investigaciones en el Gobierno Federal se han detectado y atendido, y por qué no se ha fincado responsabilidad a la titular de la Conade.
Anabey García Velasco, también de Acción Nacional, enfatizó que todos los programas estrella de esta administración están llenos de corrupción.
Por su parte, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del PAN, sostuvo que no hay idea de qué hacer en el combate a la corrupción y “la institución que debiera ser garante de la transparencia elude dar información pública”.
Cuestionó qué ha pasado con los grandes temas de corrupción que ha conocido como los de Conade, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transístmico, Banco del Bienestar, compra de vacunas, Pemex, Segalmex, Diconsa y Liconsa.
El diputado priista Hiram Hernández Zetina quiso sabe sobre los grandes escándalos de opacidad y corrupción en el actual gobierno, como Segalmex, los conflictos de interés y adjudicaciones directas, lo que da cuenta que “este sexenio ha sido el más opaco y corrupto de la historia del país”. Dijo que debe replantearse la existencia de la SFP pues, aseguró, “solo sirve para simulación”.
Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, de Movimiento Ciudadano, solicitó detalles del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pues en lugar de destacarse que cada peso invertido realmente sea una solución para que esta generación tenga un mejor futuro, en realidad ha sido deficiente.
Salcedo responde sobre casos Segalmex y Conade
En sus respuestas, Roberto Salcedo Aquino informó que había 204 denuncias de la pasada administración y se han realizado 882 denuncias penales, por lo que mil 86 denuncias fueron enviadas a la Fiscalía General de la República.
De éstas, detalló, 186 concluyeron porque el Ministerio Público no ejerció acción penal, pues no había elementos suficientes y quedan 902 procedimientos, de los cuales 437 son por delitos del Código Penal Federal y 465 se relacionan con hechos de corrupción como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de facultades de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Precisó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación son de diferente manera y no significan daño patrimonial, por lo que requieren de todo un proceso de solventación que puede ser muy largo. Ejemplificó que en el caso de Segalmex entre 2019 y 2020 se observaron 9 mil 500 y ya se solventaron dos mil 700 millones de pesos, quedando pendientes 6 mil 800 millones que están en análisis, de los cuales 3 mil 700 están en proceso de aclaración y 3 mil 100 en las etapas siguientes.
En 2021, la Auditoría hizo observaciones por 5 mil 400 millones de pesos y ahora Segalmex ya entregó la información para solventar 5 mil 200 millones de pesos. De 2022 no se tiene ninguna observación.
En materia de adjudicaciones, mencionó que en 2021 se licitaban 47 por ciento y en lo que va de este año se ha realizado el 52 por ciento; en lo que se refiere a las licitaciones directas por montos de actuación, en 2021 fueron del 7.5 por ciento y este año es sólo de uno por ciento. En tanto, las licitaciones por excepción pasaron de 31 por ciento a 15.9 por ciento.
Respecto a la Conade, dijo que existe malinterpretación, al señalar que no todas las observaciones de la fiscalización son daño patrimonial. De 2019 a 2022 la Auditoría Superior de la Federación emitió a la Conade observaciones por 509 millones de pesos, de los cuales 125 fueron aclarados y de 354 millones ya remitió la información correspondiente para aclarar las observaciones.
Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción no se trata de un supraorganismo que controle a los que están luchando contra la corrupción, se trata de un organismo de coordinación para potenciar las actividades y los resultados de cada quien. Se tiene coordinación con la ASF para solventar las observaciones.
Respecto a la participación de la ciudanía, explicó que hay una política para que la sociedad conozca qué hace su gobierno y para eso están las contralorías sociales. Al 30 de septiembre se han conformado 101 comités integrados por 383 mil personas que participan en 55 programas y distribuyen cerca de un billón de pesos.
En obras públicas y adquisiciones hay testigos sociales especializados, quienes revisan las adquisiciones superiores de 500 millones de pesos y cuando se hacen obras por arriba de mil millones de pesos el testigo social deberá vigilar todo el proceso, expuso el secretario.
Fuente: Proceso
