La Comisión Anticorrupción del Senado realizó más de 170 modificaciones al primer documento de trabajo de la reforma en la materia, para incorporar las observaciones del PAN, PRD, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del órgano legislativo, Pablo Escudero, defendió el contenido del proyecto tras sostener que refleja la pluralidad de las propuestas.

“Este segundo documento nos acerca en posiciones al PRD y al PAN. Hemos recogido también observaciones de la propia Auditoría y del CCE”, dijo.

“Es un documento que va caminando y que se va afinando poco a poco y lo que encontramos es una voluntad de cómo acercamos a las posiciones de lo que cada quien quiere que se vea reflejado en ese documento”.
El senador del Partido Verde informó que, desde su percepción, el documento de trabajo refleja que existe un consenso por arriba del 80 por ciento entre los grupos parlamentarios para poder sacar adelante la reforma.

“Es un documento que acerca las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios porque estructuralmente todos estamos de acuerdo en más del 80 por ciento de lo que debe ser este paquete de iniciativas”, detalló.

El legislador explicó que en en el segundo borrador mejora la redacción para dejar en claro el procedimiento interno para aplicar sanciones a los funcionarios que incurren en actos de corrupción.

“Se perfecciona a el procedimiento interno para poder llevar a cabo las sanciones, no estaba detallado al 100 por ciento o habían algunas dudas”, expresó.

También sostuvo que, por primera vez en una reforma, el proyecto deja en claro el origen o la autoría de cada una de las modificaciones.

“Se ha redactado y se ha incluido articulo por artículo quien lo ha propuesto, porque lo que ha faltado en el Senado es que cada quien asuma la paternidad de los artículos y de los cambios”, manifestó.

Escudero también defendió el método de discusión firmado por él y los presidentes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, en el que se permite a los ciudadanos participar en la discusión como si fueran legisladores.

“Es inédito y se les va a dar trato de senadores a las organizaciones de la sociedad civil. Estarán sentados en la mesa con plenas facultades como senadores para poder revisar y discutir cada uno de los temas”.

El legislador recordó que la ruta fue presentada desde el pasado jueves a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, sin que nadie expresara su inconformidad.

“Se les informó de los formatos y de los acuerdos, todos estuvieron de acuerdo e incluso nos pidieron que aceleráramos el paso para poder concluir a tiempo”, agregó.

A propuesta de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y los impulsores de la Ley 3de3, en el segundo documento se establece que el Sistema Nacional Anticorrupción determinará los mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas públicas dirigidas al combate a ese flagelo.

Además, se dispone que la información sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, tribunales y autoridades judiciales en el ejercicio de sus atribuciones.

En otro apartado se contempla que estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad.

También se establece que, cuando la declaración no haya sido presentado 30 días naturales después de una amonestación, quedarás un efecto el nombramiento o el contrato del servidor público, por lo que será separado del cargo.

A propuesta de los ciudadanos, se agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos internos de control tendrán la potestad de formular denuncia ante el Ministerio Público cuando el funcionario no justifique la procedencia lícita de su patrimonio y de un incremento desproporcionado del mismo.

Entre las propuestas para sancionar a los particulares, también se incluirán las transacciones comerciales internacionales.

La SFP, se añade, será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar información al extranjero.

Asimismo, en la redacción original se plantea que se prescriban a los tres años.