Por: Ernesto López
Entiendo la autonomía de las fiscalías, en términos generales, como la garantía del ejercicio de la función investigadora y persecutora de los delitos sin interferencia de consideraciones políticas. Me pregunto quién realmente cree que esto es posible en México.
Trabajé en funciones de asesoría en la PGR entre 1990 y 1996. Desde entonces a la fecha nunca he dejado de conversar con mandos superiores de las procuradurías y fiscalías a lo largo del país. Apenas hace dos semanas lo hice con el titular de una de ellas en la región norte. De noviembre de 2017 a la fecha he visitado personalmente 5 procuradurías y he participado en equipos de investigación que han entrado a 3 más. En este periodo he apoyado en la sistematización de al menos 200 entrevistas formales que hicimos a policías de investigación, agentes del ministerio público, fiscales y representantes de múltiples cargos de apoyo técnico y administrativo a esas funciones.
Encuentro perfecta consistencia en algunos hallazgos a lo largo de todos estos años. Uno de ellos es la opinión mayoritaria por parte de los operadores de todos los niveles jerárquicos, en el sentido de que las procuradurías no logran tener servicios civiles de carrera sólidos dada la contaminación política de las designaciones, las promociones y las remociones. De 1990 a la fecha, desde mi experiencia, se puede trazar un continuo de repetición de testimonios casi idénticos que tiran por tierra la expectativa de instalar un mecanismo de carrera basado en los méritos y no en las relaciones.
Nada nuevo. Así se reportó en múltiples diagnósticos presentados a los sucesivos titulares de la PGR en aquellos años; así se repite en el que entregó al Senado el entonces procurador Raúl Cervantes Andrade al año pasado.
Pero la historia completa de la institución no parece ser distinta. Solo tres titulares de la misma han completado el periodo de su encargo en cien años. Personalmente fui testigo del sometimiento y manipulación política de la PGR por parte de varios grupos de poder en los años que ahí laboré, explicándose así el recambio interminable del titular a lo largo del sexenio de Carlos Salinas. Al interior se bromeaba diciendo que nos íbamos a dormir habiendo una cabeza institucional y nos levantábamos habiendo otra.
Los testimonios de las y los operadores en las entidades federativas en la inmensa mayoría de los casos retratan un idéntico estado de debilidad institucional crónica, en la medida que confirman la inexistencia de un servicio civil consolidado que fije las reglas y otorgue certidumbre.
En términos llanos, se supone que hay personas que investigarán y perseguirán a la delincuencia incluso más compleja y muchas veces también la más violenta, sin una plataforma de carrera de soporte. Es el más extremo absurdo o la más eficaz perversidad. Como se le quiera ver
Esto no quiere decir que no he encontrado personas competentes en esas instituciones. De hecho, la debilidad del sistema de carrera se muestra muchas veces a través de la enorme irregularidad entre los perfiles que ahí laboran. Los hay con trayectorias extraordinariamente especializadas que coexisten con otros que toman los cargos sin haber pasado por capacitación alguna. La altísima especialización y la incompetencia son igualmente incontables en mi experiencia.
Veamos el contexto más amplio. Las culturas institucionales que alojan este imaginario en las procuradurías son a la vez síntoma de una construcción política sistémica que atraviesa todo el espectro ideológico. Las procuradurías no pueden alojar servicios civiles de carrera funcionales si el mandato que cumplen es principalmente político.
“La autonomía que proponen terminará quedándose atrás y se entenderá que la dependencia bajo el poder ejecutivo es indispensable”, me dijo apenas el titular de una Fiscalía. No pude evitar preguntarme de inmediato quién cree en la autonomía de las fiscalías.
Fuente: Animal Político
