El sistema político dispuesto en nuestro orden constitucional y legal mandata la integración y renovación de los órganos del poder público cada seis años para los casos de presidente de la república, senadores y gobernadores de las entidades federativas; para diputados federales y locales cada tres años; y para los Ayuntamientos, la establece cada tres o cuatro años, según lo ordene la legislación local.
La integración y renovación de estos órganos de poder, se materializa mediante la celebración de elecciones, en cuyo marco legal se contempla la aplicación de nuevos principios, entre los que destaca el de paridad de género, vertical y horizontal para todos los puestos de elección popular, el de representación indígena, el de representación de jóvenes, el de usos y costumbres, y el de reelección consecutiva de legisladores, senadores, diputados federales y locales.
No se puede negar que estos principios constituyen un avance significativo, ya que las mujeres, los jóvenes y los indígenas podrán estar mejor representados, pero una mejor representación no es sinónimo del conocimiento y experiencia que son necesarios para una gestión eficiente y eficaz. Los representantes electos deben ser capaces de ejercer sus funciones y atribuciones con el compromiso democrático de ofrecer soluciones a la problemática social que reclama resultados en salud, economía, en seguridad, en educación, en empleo, en seguridad social.
Empero, la disfuncionalidad que los ha caracterizado, no sólo debería preocupar, sino imponer a los actores políticos y a la ciudadanía la responsabilidad de determinar qué factores ocasionan que el sistema de gobierno constituido al amparo de este marco electoral, sea incapaz de concretar respuestas a las demandas ciudadanas.
En este sentido, la génesis de la disfuncionalidad y falta de compromiso de los órganos del poder público, está en la fragilidad del principio de representación democrática, en la precariedad de capacidades y experiencia, y en el desconocimiento de las responsabilidades que competen al cargo por el que se postulan, lo que se traduce en desconfianza y falta de credibilidad.
Esta condición debe imponer a los partidos políticos la obligación de promover candidatos con perfiles idóneos, reconocidos por su honradez, honestidad, rectitud, profesionalismo, trabajo, responsabilidad, respeto y tolerancia.
Por su parte, la ciudadanía debe darle mayor importancia a su participación en los procesos electorales, dejar de sentir que es inútil organizarse para votar y participar, debe condenar las prácticas impositivas y exigir a todos los partidos políticos procesos claros, transparentes y democráticos en la selección interna de candidatos; tiene que valorar los perfiles de quienes sean postulados; exigir que acrediten honestidad, preparación, conocimientos y experiencia; requerir que presenten un programa de trabajo que refleje los compromisos que habrán de asumir a cambio del respaldo político que solicitan, es decir debe pugnar por establecer en los hechos la vigencia de un voto programático.
Corresponde a la autoridad electoral promover esta sinergia entre partidos y ciudadanía para tengan información suficiente que les permita conocer y valorar las funciones y atribuciones que corresponden a cada uno de los puestos de elección popular que se disputan, y evitar seguir viendo a candidatos a diputados federales y locales, o a candidatos a integrar un Ayuntamiento, hacer campañas proponiendo acciones que corresponden a un de gobernador.
Es necesario tener claridad que la función parlamentaria de los diputados es fundamental ya que hace que el Poder Legislativo se erija como factor de equilibrio y contrapeso de los otros poderes.
Lograr este propósito reclama en primer lugar, proponer y aprobar iniciativas de nuevas leyes o de reformas y adiciones a leyes vigentes, con el fin de mantener actualizado el marco jurídico constitucional y legal, para fortalecer el Estado Democrático de Derecho, los Derechos Humanos y hacer posible una convivencia armónica con paz social.
De especial importancia es la función de fiscalización de los recursos públicos; el nombramiento de servidores públicos de primer nivel, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos; la glosa del informe del Poder Ejecutivo y de la Comisión de Derechos Humanos con la comparecencia de los titulares respectivos; la aprobación de los criterios de política económica, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal; entre otras importantes funciones.
Todo este universo de competencias, nos muestra la amplitud de temas y materias en las que los legisladores deben tener no sólo conocimientos sino también experiencias que les permita abordar en el debate las diferentes temáticas, formular proposiciones debidamente fundadas y motivadas respaldadas con argumentos que sustenten la procedencia de las proposiciones que formulen en el propósito de solucionar la problemática que motiva la iniciativa cambiando una realidad que puede estar afectando la vida de millones de personas.
Por eso es importante que partidos políticos, autoridades y ciudadanía contribuyan a que quienes sean electos diputados cobren conciencia de la importancia de las funciones y atribuciones que tienen como legisladores y les haga ver que el cargo implica responsabilidad, trabajo y compromiso.
Hoy que los tiempos político electorales nos convocan a participar, debemos pensar muy bien por quién vamos a votar, no podemos equivocarnos. En Hidalgo, algunos diputados de Morena pretenden reelegirse o postularse para una diputación federal, desde hoy les decimos que la ciudadanía los rechazará. No olvidará la miopía, indolencia e inopia con que se condujeron en el Congreso del Estado, donde abandonaron su responsabilidad política y sólo protagonizaron escándalos.
La misma previsión aplica para los diputados federales de Hidalgo que ahora pretenden relegirse o postularse como candidatos a diputados locales no obstante su pobre desempeño. La ciudadanía los rechazará por aprobar un Presupuesto de Egresos que no defiende los intereses de la ciudadanía al reducir las participaciones y aportaciones a estados y municipios, cancelar los programas de seguridad pública, negar apoyos a las PYMES, reducir las partidas para insumos médicos y no prever la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
Agenda
- La agencia internacional de noticias Bloomberg calificó la forma como 53 países han enfrentado la pandemia del COVID-19. Destaca que el éxito de los países para contener el virus, depende de la confianza de los ciudadanos en el gobierno, del nivel de cumplimiento de las medidas que dicte de forma decidida y rápida, y de la infraestructura en salud pública. México es el peor país al ocupar el último lugar, ya que al igual que en Estados Unidos y Brasil, ha minimizado la amenaza del coronavirus y la respuesta del gobierno ha sido errática y totalmente ineficaz por la falta de coordinación y de pruebas. (https://bit.ly/3le1yEc)
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