Por Óscar Guerra Ford
El presidente electo, a través de los senadores priístas, y la fracción perredista en el Senado de la República, presentaron iniciativas de reformas y adiciones a nuestra Carta Magna, para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país.
Ambas iniciativas tienen puntos convergentes y algunas diferencias que conviene conocer, a fin de que podamos valorar las propuestas en aspectos trascendentes.
Las dos iniciativas coinciden en:
– El otorgamiento de autonomía constitucional a todos los órganos garantes de transparencia y acceso a la información del país.
– Expedición de una Ley General en materia de trasparencia y acceso a la información pública.
– Competencia de todos los órganos garantes para resolver las inconformidades en contra de las respuestas de todos los sujetos obligados de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y de los órganos autónomos, en su respectivo ámbito de competencia.
– La facultad de todos los órganos garantes para interponer acciones de inconstitucionalidad, en su ámbito de competencia.
Las diferencias de las iniciativas son las siguientes:
– La fracción perredista propone, además de la Ley General de Transparencia, la expedición de una ley general en materia de datos personales en posesión de las entidades públicas.
– Ambas iniciativas pretenden que las resoluciones de todos los órganos garantes sean definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Sin embargo, la iniciativa Peña Nieto abre la posibilidad de que, de manera excepcional, los titulares de los poderes y de los órganos autónomos interpongan un recurso de revisión en contra de la resolución del órgano garante federal ante la SCJN, cuando se trate de un asunto de seguridad nacional.
– Aun y cuando las dos iniciativas instituyen al órgano federal como una segunda instancia para revisar las resoluciones de los órganos garantes de las entidades federativas, la iniciativa perredista propone que esto ocurra sólo a petición de los particulares; en cambio, la iniciativa Peña Nieto pretende que, además, el órgano federal atraiga resoluciones cuando éste considere que los asuntos son de trascendencia nacional.
– La iniciativa Peña Nieto otorga mayores facultades al actual IFAI, con la ampliación de cinco a siete comisionados; y la fracción perredista propone la creación del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, con siete consejeros, que se instituiría sobre las bases del IFAI, aunque con nuevas y mayores facultades.
– Para designar a los comisionados o consejeros, la fracción perredista pretende una elección a cargo del Senado; la iniciativa Peña Nieto propone que sea el Ejecutivo quien los designe y el Senado o la Comisión Permanente, en su caso, objeten los nombramientos hasta en dos ocasiones; en la tercera, el Presidente podrá nombrarlos directamente. Esta última propuesta vulnera la pretendida autonomía del órgano federal, puesto que sus integrantes serían designados a discreción del titular del Ejecutivo y no en un proceso abierto y transparente a la sociedad.
– La iniciativa perredista incluye a los partidos políticos como sujetos obligados directos para transparentar los recursos públicos y privados que recibe, y hace mención expresa de la obligación de rendir cuentas para las personas físicas y morales que reciben recursos del erario (sindicatos, fundaciones, organizaciones sociales). La iniciativa Peña Nieto no hace referencia a éstos.
– La fracción perredista pretende la creación de un organismo dependiente del Ejecutivo para regular los datos personales en posesión de particulares, quitando esta atribución al órgano garante federal.
La expedición de una ley general en la materia y el otorgamiento de la autonomía para el órgano garante federal no son propuestas nuevas; desde los albores de la década pasada, el Grupo Oaxaca, conformado por académicos, intelectuales y periodistas, impulsó estos temas en la agenda nacional, aunque no logró concretarlos. Ahora han sido retomados, tanto por los senadores perredistas como por el Presidente Electo.
Esperemos que los legisladores analicen detenidamente las iniciativas para conformar un paquete de reformas y adiciones a la Constitución, que garanticen la práctica efectiva del acceso a la información pública y estandaricen, con un alto nivel, las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados en todo el territorio nacional.
