La necesidad de crear un “Coneval de la corrupción”, así como discutir más de 20 leyes para atender la “crisis nacional” que enfrenta el país, fueron abordados por distintos especialistas que participaron en los Foros en Materia Anticorrupción, realizados este lunes en el Senado.
Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, aseguró que la reforma constitucional será un esfuerzo fallido si el Sistema Nacional Anticorrupción no consigue una Ley General de Responsabilidades Administrativas que modifique de raíz el sistema disciplinario mexicano.
También propuso que la Ley General de Responsabilidades Administrativas deje de proteger y auspiciar la impunidad de conductas ilegales y consideró necesaria la creación de un “Coneval de la corrupción”, es decir, que la secretaría ejecutiva del Sistema sea un instrumento capaz de producir la metodología para medir y reconocer la corrupción, que se pueda utilizar de manera pública e inteligente.
Por su parte, Juan E. Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirmó que se deben discutir cerca de 20 leyes para atender esta “crisis nacional”, pues todos los problemas graves como la pobreza, la inseguridad, los feminicidios y las violaciones a los derechos humanos “están agravados por el tema de la corrupción”.
Pardinas dijo que el Senado no debe perder el tiempo más en foros anticorrupción porque la crisis no es atendida.
Sergio López Ayllón, representante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que “la clave del éxito” estará menos en la posibilidad de perseguir corruptos y más en el diseño de un sistema que articule la acción de diversos organismos para prevenir y corregir las “condiciones estructurales” que facilitan los delitos de la corrupción.
López Ayllón indicó que “no tiene ningún sentido” crear otra instancia “que sirva solamente como una mesa donde se reúnan periódicamente los titulares para tomarse la foto”.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede reducirse a la aprobación de sólo dos leyes generales, sino que se debe considerar la reforma de “casi 20”, como la de obras públicas, que “tiene que ser vista como un paradigma anticorrupción”, o como la ley de extinción de dominio.
Fuente: Proceso
