En el Congreso del Estado de Jalisco se discutió en torno a los alcances de la propuesta del PRD que pretende crear un marco legal que considere sanciones para funcionarios corruptos.
En esta propuesta se prevé la creación de una ley que plantea la creación de una Fiscalía Anticorrupción para combatir los actos de soborno, cohecho, nepotismo o chantaje.
La impulsora de esta propuesta, la perredista, Celia Fausto Lizaola, se refirió a la necesidad de crear las instancias encargadas de investigar, inhibir y combatir toda práctica ilícita.
Destacó que según cifras de Transparencia Mexicana los actos de corrupción en México costaron a la sociedad 30 mil millones de pesos en 2010
En este sentido, la doctora, Lourdes Morales Canales, de la Red Nacional de Rendición de Cuentas y especialista de CIDE señaló que la creación de nuevos organismo no garantiza por si misma que se erradicarán actos como la corrupción.
¿La corrupción no se va a terminar creando un organismo como la Fiscalía Anticorrupción?
Lo que hemos trabajado al interior de la Red de Rendición de Cuentas, es crear instituciones solo para atrapar corruptos no es un mecanismo que va a terminar con el problema de la corrupción, es importante que se discutan estos temas y que bueno, porque a nivel nacional dejó discutirse. Creemos que esta iniciativa tiene una parte valiosa con respecto a los denunciantes, pero debemos pensar en insertarla en una política pública de rendición de cuentas.
¿Crear nuevas organizaciones es suficiente?
Lo que hemos visto con la creación de nuevos organismos, es que no hay una coordinación con otros organismos y eso es lo que hace falta, por ello le proponía a la diputada (Celia Fausto) una iniciativa que coordine lo que ya existe para que sea más funcional, ajustar plazos, mecanismos, crear mecanismos institucionales de colaboración entre instituciones que ya existen.
¿Existen señalamientos de presuntos actos de corrupción en los que incurren los funcionarios, desvíos de recursos, obras a sobreprecio, entre otros y no han sanciones?
Se tienen que revisar los procedimientos que ya existen, pero no se les da causa. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha generado datos que se pueden consultar las sanciones que proponen que no llegan a término porque se pierden en la burocracia, pocas penalizaciones hay y eso desincentiva al ciudadano y crea la percepción fundamentada que hay impunidad. Hay que afinar los mecanismo de fiscalización, pero no podemos pensar que la corrupción se va a terminar poniendo sanciones, debemos revisar los incentivos como el servicio civil de carrera o la reelección.
¿Qué mejor incentivo quieren los funcionarios para hacer bien las cosas tomando en cuenta los altos sueldos que perciben?
Hay que hacer una revisión porque además existen abusos e ineficiencias en la administración pública, si realmente se quiere hablar de ahorro, hay que revisar los despilfarros y abusos que hay entre los funcionarios. Hay que transparentar el ejercicio de los recursos, porque los funcionarios no son dueños del gasto público.
¿Debemos acostumbrarnos a vivir con corrupción?
El primer indicio de que se quiere cambiar, son esfuerzos como este. El hecho de que estén todos los poderes de Jalisco, a nivel federal no se ha dado este debate, en Jalisco tienen la intención de avanzar y eso es positivo.
¿Qué papel juegan los ciudadanos?
El tejido organizativo de Guadalajara es débil todavía, se comienza a discutir como fortalecerlo desde la sociedad civil y se debe reorientarlo. Las leyes de Participación Social aún tienen poco impacto hay que repensar cómo se puede garantizar que los ciudadanos participen, nosotros proponemos la creación de Consejos de Gestión Social para que el ciudadano participe en todo el proceso de la creación de políticas públicas.
Las propuestas
En el foro del Combate a la Corrupción que se llevó a cabo en el Congreso local se habló de la necesidad de crear normas para que los políticos corruptos sean castigados, a través de un organismo como una Fiscalía Especializada, que dependa únicamente de la efectividad de su trabajo, también se habló de la importancia que las denuncias ciudadanas tengan validez para frenar efectivamente la impunidad, para lo cual deben buscarse, rutas y cambios innovadores que enfrenten este problema.
El presidente del Congreso local, el perredista, Enrique Velázquez González, manifestó que “por la calle no sobra quien diga que en México somos corruptos por cultura, por hábito y porque así somos”. Señaló que se registran más de 200 millones de actos de corrupción, ya sea pagando servicios públicos o dando “mordida” a un oficial de tránsito. “Y si lo contabilizamos en pesos y centavos, la cifra es aún más alarmante: 32 mil millones de pesos se van todos los años en actos de corrupción”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Clemente Castañeda, aseguró que de entre todos los pendientes de la agenda pública de Jalisco, el combate a la corrupción es el más rezagado, ya que los índices mantienen una escala alarmante, y cuestionó: “¿por qué la mayoría de los políticos son corruptos? La respuesta es sencilla: porque nadie los castiga, porque no hay consecuencias, porque sus acciones quedan en la impunidad y en la desmemoria. Y para muestra el Congreso del Estado, donde se han dado desfalcos millonarios y no hay culpables”.
El titular del Poder Judicial en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, habló de los orígenes de la corrupción y su comportamiento; de que ahora es multifactorial y que los casos presentan un rezago en las instancias judiciales y de justicia en lo general, lo que se traduce en impunidad.
Informó que Poder Judicial tiene el compromiso de combatir este lastre con el trabajo conjunto que lleva a cabo con la Fiscalía General del Estado; que se capacita a su personal, pero es necesaria la participación de la sociedad, para que impacte en la desaparición de ese problema, y entregó un proyecto iniciativa a los diputados Celia Fausto y Héctor Pizano, para combatir la impunidad ese Poder y contribuir a terminar con este lastre que afecta a la sociedad jalisciense.
Con la representación del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el titular de la Fiscalía General Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, inauguró el foro y en su mensaje y dijo que el buen juez por su casa empieza, por lo que dio a conocer que más de 40 funcionarios de la fiscalía han sido consignados y separados de su cargo por temas de corrupción.
“No debemos tener miedo para combatir la corrupción e impunidad, creyendo que es un camino de una sola vía, pues de esta manera seguirá solapándose”, señaló.
Las comisiones que dictaminarán la iniciativa
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Hernán Cortés Berumen, llamó a los diputados a trabajar en el ámbito legislativo para combatir la corrupción que se ha convertido en el “modus vivendi” o “modus operandi” de políticos y servidores públicos en perjuicio de la sociedad, aunque ésta debe participar también para evitarla.
Por su parte, el diputado Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que uno de cada 10 delitos denunciados termina en una sentencia sancionadora, y el resto de asuntos sin resolver generan impunidad, desalentando el necesario y valiente ejercicio de la denuncia, pues en los hechos pareciera que ésta no aporta nada.
El legislador del Partido Verde, Jesús Palos Vaca, quien será responsable de dictaminar esta propuesta señaló que la norma jurídica que se legisle deberá determinar el cómo, cuándo, dónde y qué sanción se puede aplicar cuando se presenten casos de corrupción de parte de funcionarios públicos.
Mientras que el legislador del PAN, Juan Carlos Márquez Rosas, también tiene la responsabilidad de dictaminar la iniciativa que impulsa el PRD “nuestro trabajo como legisladores consiste no en aumentar las penas, ni las conductas prohibidas, sino en modificar el sistema institucional para que ante la menor de las conductas y actos de corrupción, exista la certeza de que el trasgresor de la ley será enjuiciado y sancionado.
