La Auditoría Superior de la Federación promovió mil 633 acciones administrativas sancionatorias contra funcionarios de la administración pública federal, estatal y municipal, que deberán ser investigadas por los órganos facultados en cada una de las dependencias donde se hubiese registrado un manejo incorrecto de recursos públicos, y si resulta que hay delitos qué perseguir, se deberán aplicar las sanciones consecuentes.
Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, informó que el órgano fiscalizador también promovió 134 denuncias de hechos contra funcionarios de las administraciones federal, estatal y municipal involucrados presuntamente en manejos irregulares de recursos.
Al entregar el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el funcionario -dependiente de la Cámara de Diputados- informó que para el ejercicio del año 2011, y hasta diciembre pasado, se recuperaron 7 mil 768 millones de pesos que resultaron injustificados a la hora de la revisión del gasto.
“Conviene recordar que al 31 de diciembre de 2012 se reporta un monto acumulado de 59 mil 689 millones de pesos correspondientes a la fiscalización de las cuentas públicas 2001 a 2010, cuyo monto ha sido verificado anualmente por una firma independiente de contadores públicos”.
Al desglosar los problemas estructurales que provocan la recurrencia de observaciones en el manejo de los recursos públicos, Portal expuso que el sistema de evaluación de desempeño, aplicado por el gobierno federal, ha tenido avances limitados, “lo que ocasiona que el gasto mantenga presiones de carácter inercial, sin la certeza de que se genere valor público”.
También expuso que si bien la Ley General de Contabilidad Gubernamental puede mejorar la eficiencia del gasto público, previsible que los tiempos que establece la ley para dicho fin resulten insuficientes para dar cumplimiento cabal a las etapas definidas, en menoscabo de eficientar el gasto.
Por lo que hace al gasto federalizado, cuyos recursos son transferidos a estados y municipios, se detectan insuficiencias por la elevada incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría vinculadas con su aplicación en acciones que no corresponden a los objetivos de los fondos y programas: imprecisión del marco jurídico y normativo, inconsistencias en la documentación comprobatoria del gasto; pagos improcedentes de diverso tipo; irregularidades en el ámbito local y en la administración de los recursos de los entes ejecutores.
“Por ello resulta fundamental llevar a cabo una revisión integral de las disposiciones que rigen la gestión de los fondos federales que pudiera tener como consecuencia la emisión de una ley específica para el gasto federalizado, y debe darse énfasis a los procesos de coordinación intergubernamental, el fortalecimiento institucional y la capacitación institucional”.
En cuanto al control interno, el auditor superior insistió en que la exposición al riesgo de corrupción en cada entidad donde se manejan recursos públicos, debe ser medida de manera permanente y contrarrestada oportunamente, con controles internos efectivos para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos corruptos, apoyado en una cultura educativa que reafirme la honestidad e integridad de los involucrados en los procesos de las dependencias en cuestión.
“Hay muchas tareas pendientes para que el régimen democrático de nuestro país cuente con un sistema integral de rendición de cuentas, en el que se establezca claramente que para quien no cumpla su responsabilidad como servidor público, habrá consecuencias. Uno de los impedimentos para lograrlo es la fragmentación que existe, a nivel nacional, en áreas como la transparencia, la evaluación, la participación ciudadana y la misma fiscalización”.
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