Las elecciones concluyeron, y pronto habrá entrega de estafeta en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Durante los debates y campañas, los candidatos realizaron promesas, empeñaron su palabra y firmaron compromisos.
Los gobiernos salientes dejan mucho a deber, con pendientes por doquier y problemas que las nuevas autoridades tendrán que resolver. Hay muchas prioridades, pero una en particular, que está comprobada, ayudará a la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión pública: la implementación de los Servicios Civiles de Carrera.
En las administraciones salientes, seguramente habrá nerviosismo y zozobra entre los servidores públicos. La incertidumbre laboral no es buena consejera, y los cambios no siempre son positivos, especialmente cuando se desplaza a quienes han adquirido experiencia valiosa en el servicio público. La experiencia y el conocimiento, ya sea empírico o académico, son recursos que deben ser atesorados y reconocidos.
Desde hace varias décadas, sin entrar en detalles teóricos, se ha impulsado la implementación de los Servicios Civiles de Carrera. Este tipo de sistemas, administra recursos humanos para dar certeza, transparencia y legalidad a los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, promoción y separación del cargo en la función pública.
En México, se cumplieron 21 años de la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Sin embargo, la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera es prácticamente letra muerta. Cada sexenio disminuyen considerablemente los servidores públicos pertenecientes al sistema, y continúan las prácticas nocivas del sistema de botín, donde se utiliza la nómina como un botín político para contratar a personas que no necesariamente tienen la capacidad, el conocimiento y la experiencia para ocupar el cargo, desplazando a quienes sí tienen estas cualidades pero no pertenecen al grupo político en el gobierno.
Esta problemática ha sido evidenciada en artículos, libros, congresos y seminarios tratando de concientizar a la clase gobernante que: “sin una función pública profesionalizada, los resultados de la gestión no serán óptimos”.
Parte esencial de los Servicios Civiles es profesionalizar la función pública, además de otras bondades. Por ello, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco han impulsado una agenda pública en materia de promoción y firma de compromisos para la implementación de los Servicios Civiles de Carrera en gobiernos estatales y municipales, así como fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en la Federación.
Hoy, jueves 6 de junio, se instalará formalmente un Comité de Expertos en Profesionalización del Servicio Público, con la tarea de construir una propuesta de Ley General en materia del Servicio Profesional de Carrera en México. Celebro esta iniciativa, pues estoy convencido de que la implementación de los Servicios Civiles en estados y municipios traería buenos resultados en la gestión, mejores servicios públicos, profesionalización de la función pública y estabilidad en su empleo.
El panorama nacional es sombrío y poco alentador. Por ejemplo, en México, sólo 8 de las 32 entidades federativas tienen una Ley del Servicio Civil (25%); y de acuerdo al INEGI, hay 2,475 municipios, de los cuales sólo el 1.7% cuenta con un Reglamento del Servicio Civil de Carrera. Por ello, es crucial insistir en la implementación de los Servicios Civiles en México.
Fuente: Milenio
