De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2015 el gasto en contrataciones públicas en México ascendió a 111.5 mil millones de dólares, lo que representó el 21% del gasto total del gobierno.

En este sentido, la compra de bienes y la contratación de servicios en el sector público mexicano, constituyen una de las principales actividades económicas del gobierno y un elemento fundamental en la ejecución del gasto público.

Pese a su importancia, en México, las compras públicas se han identificado como una de las actividades gubernamentales más vulnerable a prácticas deshonestas, esto, debido a la característica complejidad y en algunos casos a la opacidad de la relación que existe entre el sector público y el sector privado.

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en sus diversos estudios ha identificado que, en las distintas etapas de los procesos de contratación, existen esquemas de fraude y corrupción, entre los que se encuentran:

• Solicitud de bienes y servicios innecesarios o excesivos.
• Requerimientos y especificaciones direccionadas a un proveedor o vendedor específico.
• División de proyectos grandes competitivos en diversos proyectos pequeños no competitivos.
• Contratación directa con pocos días para que otros contratistas no tengan tiempo de participar.
• Manipulación de la licitación (direccionada a empresas favoritas).
• Fuga de información.
• Colusión entre contratistas para dejar fuera a la competencia.
• Colusión entre empleados y contratistas para obtener beneficios.

Tratándose del Sistema Electrónico de Contratación Pública, conocido como CompraNet, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que, en la actualidad, es incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma que haga más eficientes las contrataciones públicas, en tanto que la OCDE ha indicado que dicho sistema requiere avanzar de ser una plataforma para la transparencia y divulgación de oportunidades de contratación pública para ayudar a incrementar la eficiencia y eficacia en este ámbito; para conseguirlo, se deben identificar las etapas del ciclo de contratación que más necesiten soluciones tecnológicas, además, requiere garantizar la integridad en los procesos de contratación pública.

En ese contexto, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue pensado como un medio útil para atender, entre otras, las problemáticas en materia de combate a la corrupción en las contrataciones públicas en México. Entre los aspectos novedosos que se pretenden regular a partir del SNA, tenemos:

• La exigencia de una política de integridad para personas morales. Las cuales deberán contar, entre otros, con los elementos siguientes:
  1. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo.
  2. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización.
  3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.
  4. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes.
  5. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación.
  6. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.
  7. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

• La creación de una Plataforma Digital Nacional (PDN), como herramienta que integrará y conectará los diversos sistemas electrónicos relacionados con compras públicas (sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados; sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; sistema de información pública de contrataciones).
• La creación de un protocolo de actuación en contrataciones, que definirá las relaciones entre servidores públicos y proveedores, considerando inclusive el empleo de formatos en donde se manifiesten los vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés.
• Una tipificación más estricta de las faltas administrativas graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los delitos relacionados con contrataciones públicas en el Código Penal Federal.

De lo expuesto, puede advertirse que el SNA implicó cambios importantes en la normativa que regula la responsabilidad de servidores públicos y particulares que participan en las contrataciones públicas del Estado Mexicano, con la finalidad de minimizar los riesgos de corrupción y eficientar dichos procesos.

Al respecto, cabe señalar que en la experiencia internacional se cuenta con diversos ejemplos de mecanismos digitales (plataformas o sistemas electrónicos) adoptados para fomentar la integridad en los procesos de adquisiciones gubernamentales, desde nuestro punto de vista, su revisión resultará importante para mejorar los instrumentos de control y vigilancia con que cuenta el Estado Mexicano.

También desde nuestro enfoque, existen diversas propuestas que podrían considerarse para asegurar, en la medida de lo posible, la plena vigencia y la operación eficaz de los cambios generados con el SNA. Entre dichas propuestas tenemos:

• La sistematización de los diferentes regímenes que existen en el país en materia de contratación pública, homologándolos a las mejores prácticas internacionales en la materia.
• El establecimiento puntual de parámetros técnicos idóneos para evaluar las políticas de integridad de las personas morales.
• La capacitación especializada para los servidores públicos y particulares que participan en las contrataciones del gobierno mexicano.
• La incorporación de mayores y mejores mecanismos de participación ciudadana para vigilar los procedimientos de contratación.
• La orientación de los esfuerzos de detección, investigación y sanción para aquellas áreas o dependencias con mayores riesgos de fraude y corrupción.
• El empleo y perfeccionamiento de herramientas tecnológicas que permitan no sólo agilizar los procedimientos de adquisiciones, sino facilitar su escrutinio y vigilancia.

Debe señalarse que no existen recetas o soluciones únicas que erradiquen completamente los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas, por ello, resulta indispensable la participación informada y comprometida de sociedad civil, academia e iniciativa privada, para demandar que se usen con pulcritud los recursos públicos involucrados en las adquisiciones gubernamentales.