Primero fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que registró con datos precisos el tamaño del dispendio presupuestario en materia educativa, luego fueron Mexicanos Primero, la Coalición por la Educación y el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) los que con diversas herramientas exigieron respuestas a algo tan sencillo como ¿quiénes y cuántos son los maestros en México, qué características tienen y dónde trabajan?.
Las autoridades reaccionaron con respuestas parciales, descalificaron los estudios tachándolos de tendenciosos e hicieron promesas. Nunca hubo explicaciones certeras, menos, rendición de cuentas. Entonces vino la reforma educativa y con ella, el compromiso de que a través de un censo levantado por una institución autónoma como el INEGI -previa inversión de 740 millones de pesos- vendría la transparencia, el nuevo diseño de la política educativa y la esperada rendición de cuentas.
El análisis ”Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal” presentado la semana pasada por México Evalúa, es apenas la punta del iceberg del desastre educativo que prevalece en el país. Con los datos públicos disponibles, ya que la Secretaría de Educación Pública no ha dado a conocer la base completa de los datos recopilados en el censo, se consignan irregularidades a lo largo y ancho del país. Las cifras son escalofriantes: el 10% de la nómina educativa de 27 de las 32 entidades registran alguna anomalía ocasionando un costo al erario cercano a los 51 mil millones de pesos. A nivel nacional existen 30 mil 965 plazas destinadas a personal comisionado o con licencia, es decir, a personas que tienen una plaza de maestro pero que no están trabajando frente a un grupo sino que tienen una licencia para realizar otras actividades, ya sea en el magisterio o en el ejercicio de cargos de representación política (por mencionar los más comunes). En Yucatán esta irregularidad representa más del 5% de su nómina. Los datos del censo revelan la existencia de más de 39 mil “aviadores” es decir, personas que cobran sueldo pero que nadie los conoce en el centro de trabajo al que están asignados. De igual forma, hay 17 mil 859 personas con más de tres plazas y según el censo, los muertos y los jubilados siguen cobrando puesto que existen 114,998 personas que mantienen una plaza a pesar de haber renunciado, jubilado o fallecido. Finalmente se registran 426 escuelas sin plantel, ni ubicación pero con presupuesto.
Más que una radiografía estas cifras son apenas un vistazo puesto que en Chiapas casi la mitad de las escuelas se negaron a ser censadas seguidas de Oaxaca y Michoacán y en otras entidades casualmente los maestros se ausentaron durante el censo. No es una sorpresa que sean justo estas entidades las que tienen peores desempeños educativos del país. Este trabajo obliga a introducir nuevos mecanismos de evaluación docente, a replantear el Programa de Carrera Magisterial pero sobre todo a abrir toda la información relevante al escrutinio de la sociedad. Además de dar explicaciones habrán de generar incentivos para reconocer a los mejores maestros y cerrar los espacios de corrupción. Sólo así será creíble el discurso de las reformas estructurales y la espectacularidad mediática de sus festejos.
Corolario: la semana pasada representantes de estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y expertos de Naciones Unidas plantearon un cambio de paradigma en los compromisos-país de la agenda del milenio post 2015. Entre ellos destacan la generación de acuerdos políticos para un nuevo contrato social e intergeneracional para definir responsabilidades, proteger los derechos fundamentales y generar sistemas de rendición de cuentas. Es una buena noticia que desde el ámbito internacional, se comprometan a los representantes de los países de la región a asumir esta agenda.
