Desde este jueves 15 de noviembre la iniciativa del presidente electo Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción se encuentra en el Senado.
El documento elaborado por el equipo de transición fue presentado por las bancadas tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, que preside el priista Raúl Cervantes, y Estudios Legislativas, presidida por el panista Raúl García.
La iniciativa propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como un organismo constitucional autónomo, que tenga facultades para investigar y castigar actos de corrupción en materia administrativa.
La idea es que este órgano pueda atraer casos de corrupción que ocurran en estados y municipios, así como investigar y sancionar a servidores públicos, a personas físicas y morales que participen o instiguen casos de corrupción.
Podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del estado mexicano, a través de demandas para asuntos de gran valor administrativo y por reportes ciudadanos para casos donde los ciudadanos sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores.
La creación de este órgano resultará en la desaparición de la Secretaría de la Función Pública.
En este mismo marco, la reforma propone la creación de Comisiones Estatales Anticorrupción y en el DF, autónomas respecto al ente nacional. Las Comisiones Anticorrupción Nacional, Estatales y del DF aplicarán la Ley Federal Anticorrupción, en sus respectivos ámbitos.
Esta propuesta irá acompañada de la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública que será encabezado directamente por el Presidente de la República con la participación de miembros de la sociedad civil organizada, el Presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción en calidad de Secretario Técnico, los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del D.F., los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación y el Procurador General de la República, además del titular de la Auditoría Superior de la Federación y el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
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