Con el propósito de romper con el blindaje legal que dejó el exgobernador Ulises Ruiz para no ser sancionado por presuntos actos de corrupción, el diputado Francisco Martínez Neri, del PRD, presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa de reforma en materia penal donde se tipifique el peculado como delito grave.

Luego de reconocer que el actual mandatario Gabino Cué “no pudo actuar porque tuvo las manos atadas ni tampoco se tuvo la habilidad administrativa ni legal para castigar” a quienes saquearon el erario, Martínez Neri destacó que con esta iniciativa se busca construir diques al “mar de la corrupción” que hoy denigra la función pública y trastoca las finanzas estatales.

Aunque excolaboradores de Ruiz Ortiz fueron señalados como responsables de un quebranto patrimonial de 4 mil 200 millones de pesos y presuntamente se libraron siete órdenes de aprehensión, ninguno fue encarcelado y mucho menos sancionado.

El legislador consideró que “la corrupción es ya una pandemia nacional que afecta a los gobiernos y a las instituciones y da lugar al peculado.

“Ello no es necesariamente inherente a los partidos políticos en lo particular, sino a seres humanos que carecen de principios éticos y que lo mismo se incrustan en un instituto político que en otro, sin ideología alguna”, puntualizó.

El también exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) señaló que la ausencia de principios éticos en los políticos, funcionarios y ciudadanos propicia el establecimiento de gobiernos injustos y corruptos que terminarán por arruinar y endeudar a las entidades del país.

Martínez Neri sometió a consideración del pleno una iniciativa con proyecto de decreto para fortalecer el tipo penal y las sanciones correspondientes al peculado, establecidos en los artículos 212 y 213 del Código Penal.

Lo anterior, “a efecto de mejorar las disposiciones jurídicas que hagan frente a la corrupción, delincuencia e impunidad que hoy socavan a las instituciones públicas, y proveer a la sociedad de disposiciones que procuren la legalidad y el buen despacho de los asuntos públicos”.

Desafortunadamente, señaló, el peculado es un delito que se comete con frecuencia en México y que incluso hoy en día se ventilan diversos procesos judiciales en varios estados de la República en contra de quienes protestaron cumplir los postulados constitucionales, pero que pasado el tiempo se corrompieron y olvidaron sus responsabilidades, abusando del encargo que les fue conferido.

Además, destacó, “es común conocer de servidores públicos de diversas tendencias políticas que son evidenciados en videograbaciones, grabaciones de audio o fotografías, disponiendo de los recursos públicos para utilizarlos en el financiamiento de campañas proselitistas.

“También en la difusión o propaganda personal, campañas de desprestigio, negocios irregulares o actividades ilícitas para obtener beneficios propios o en favor de terceros, en complicidad con otros servidores públicos o, incluso, con particulares”, añadió.

Es por ello que la iniciativa de Martínez Neri incorpora seis puntos esenciales relativos al delito de peculado:
Reordenar el contenido y los numerales respectivos de los artículos 212 y 213 del Código Penal, por razones de técnica legislativa y lógica jurídica.

Aumentar las penas aplicables a quienes cometen el delito de peculado, de modo que se incremente el monto de multas y periodo de inhabilitación que se imponga a los delincuentes.

Además, incluir a los servidores públicos de los órganos autónomos del estado como sujetos susceptibles de ser investigados, procesados y sancionados, en caso de que comentan el delito de peculado.

También establecer como nuevos tipos penales que configuren el peculado aquellas hipótesis en las que el delincuente se apropie, utilice o distraiga los recursos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de un servidor público determinado, de su superior jerárquico o de un tercero, o cuya finalidad sea denigrar a cualquier persona.

Finalmente, establecer como sujeto activo de peculado a cualquier persona, sin que necesariamente sea servidor público, porque los delitos contra la hacienda pública también pueden ser cometidos por particulares.

Cabe mencionar que en 2011 el legislador petista Flavio Sosa Villavicencio también presentó una iniciativa relativa al peculado para incorporarlo dentro del catálogo de delitos graves y reformar la graduación de las penas que le son aplicables.

Fuente: Proceso