Mediante al Censo educativo levantado por el INEGI, por primera vez en la historia, el país ha realizado un esfuerzo para allegarse datos mucho más confiables de la nómina docente-administrativa del sector de educación básica, de sus alumnos, así como del estado que guarda la infraestructura de pre-primarias, primarias y secundarias públicas y privadas. Sin duda, la decisión de establecer un registro confiable en esta materia, que debe servir como la plataforma informativa necesaria para mejorar la operación del sistema educativo nacional, es un producto tangible de la reforma aprobada el año pasado.
Sin embargo, han pasado cinco meses desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diera a conocer los resultados de este ejercicio que costó 740 millones de pesos, y lamentablemente aún no es posible contar con datos sobre todo el personal docente-administrativo que labora en el sistema público de educación básica. Las autoridades carecen de información del 15.7 por ciento del personal, lo que representa 332,409 plazas. Entre estas personas se encuentran quienes se negaron a recibir a los encuestadores del INEGI (158,565 docentes y administrativos, de acuerdo a un cálculo aproximado de dicha institución), quienes rechazaron contestar los cuestionarios del censo (36,046), los 39,222 individuos que sólo los conocen en su casa pues en el centro en el que se supone que laboran no los pudo localizar el INEGI y nadie los conoce, así como un número excesivo (98,576) de personas que estuvieron ausentes en las semanas en que se levantó el Censo.
¿Cómo se han asignado recursos en el sistema educativo si se carece de información fundamental para pagar los salarios, aguinaldos, bonos y demás prestaciones? Es un misterio que lastimosamente revela un desorden generalizado en la administración de los recursos públicos que se destinan a la educación básica mexicana.
La situación es aún más sombría cuando transcurren los meses y preocupantemente se observan dos fenómenos:
- La SEP, como autoridad responsable de la información recabada por el Censo, no ha dado a conocer la base completa de este ejercicio, ni ha dado una explicación que justifique esta omisión informativa.
- Las autoridades no han dado a conocer propuestas de política pública basadas en los hallazgos de lo que hasta ahora conocemos del Censo para mejorar la administración del sistema educativo mexicano. El gobierno federal anunció hace dos semanas un programa especial de 7,500 millones de pesos para atender los desafíos estructurales de 20,000 planteles. Más allá de la cuestión de si estos recursos son suficientes para atender los problemas de infraestructura en las escuelas mexicanas, la autoridad federal no ha explicado cómo utilizará la información recogida por el Censo para hacer un uso eficiente del presupuesto en esta materia. Lamentablemente tampoco ha habido un pronunciamiento claro y puntual de sus contrapartes estatales que anuncie medidas encaminadas a corregir los problemas detectados en el manejo de la nómina docente, acciones de coordinación con la autoridad federal para atender los desafíos estructurales, ni las responsabilidades que se fincaran contra aquellos que han cometido fraude al erario al permitir pagos indebidos en la nómina docente.
Con la información parcial que se ha hecho pública, al menos tres esfuerzos desde la sociedad civil se han abocado a analizar el Censo. Mexicanos Primero, el IMCO y México Evalúa han aportado distintos elementos que ilustran las irregularidades en el pago de la nómina docente-administrativa. Hasta ahora, la reacción observada por parte de las autoridades educativas tanto federales como estatales parece revelar una resistencia para transparentar por completo la administración del sistema educativo.
En medio de este abanico de reacciones, lo que sorprende, insisto, es que los funcionarios responsables de los sistemas educativos no han hecho un pronunciamiento claro sobre cómo están utilizando los insumos informativos del Censo para mejorar su gestión.
Además, se acerca el momento para llevar a cabo la centralización –parcial– de la nómina docente. Como parte de las reformas a la ley de coordinación fiscal, se tomó una desafortunada decisión: la autoridad federal ya se encargará del pago de la nómina de todos los maestros “federalizados”, es decir, de aquellos que se transfirieron a los estados en 1992 cuando se descentralizó parcialmente la educación. Los maestros pagados con recursos estatales –que en entidades como Baja California, Chiapas o Nuevo León no es un número menor- seguirán recibiendo un pago de los gobiernos de sus estados. Ya en
otra ocasión me he ocupado de explicar las posibles consecuencias negativas de esta decisión, pero el hecho es que se llevará a cabo. Por lo que es inevitable preguntarse: ¿Cómo se centralizará la nómina cuando falta información de más de 332,000 plazas? Hasta ahora, ni la SEP ni la SHCP nos han dado una explicación clara al respecto, respuesta vital de cara a la eminente discusión presupuestal que se avecina en los próximos días.
Finalmente, paralelamente a los silencios de la autoridad federal en esta materia –que abonan a la confusión e incertidumbre en el ámbito de la administración educativa– el secretario Chuayffet ha hecho reiterados llamados a sus contrapartes estatales para avanzar en la implementación de la reforma educativa. Sin duda, son evidentes los desafíos políticos, económicos, jurídicos y administrativos que implican avanzar en la implementación de esta reforma. Son muchas décadas prácticas nocivas de opacidad, corrupción y falta de rendición de cuentas al interior del sistema educativo. Lo que sorprende en estos llamados es la incapacidad de la autoridad federal de poner el ejemplo de cómo deben realizarse adecuadamente esfuerzos puntuales para erradicar las malas costumbres y mejorar sustancialmente la administración del sistema educativo.
En la ciudad de México, el gobierno federal a través de la SEP es el único responsable de la administración de las escuelas públicas de educación básica. Como se observa en el cuadro, existen múltiples irregularidades en la nómina docente-administrativa a cargo de la autoridad federal. ¿Cómo se explican los 1,661 comisionados que se tienen en la nómina? ¿Quiénes son estos individuos? ¿Por qué hay 6,338 plazas en manos de personal que nadie conoce? Hay 12,613 plazas en manos de personal que renunció al servicio docente, está jubilado o pensionado y peor aún ha fallecido. La autoridad federal ha permitido –al igual que el resto de las autoridades educativas en el país- que existan plazas de personal fallecido en manos de quién sabe quién y del que no sabemos cuánto están cobrando por ello. Las anomalías en la ciudad de México en el escenario más conservador ascienden a por lo menos 1,794 millones de pesos al año, es decir, el 5.32 por ciento de lo que la SEP destina a la educación básica pública+ en la capital del país.
Irregularidades en la nómina docente–administrativa de educación básica en la ciudad de México
Fuente: Cálculos propios con base enAtlas educativo SEP-INEGI 2014, el tabulador de salario magisterial de plaza inicial en el Estado de México en 2013 y los recursos reportados para el ramo 25 por la SHCP. La información correspondiente al ramo 25 puede encontrarse aquí. La información respecto a la nómina docente-administrativa puede encontrarse acá.
Es por ello que cabe el dicho popular “el buen predicador por la casa empieza”. A cinco meses de publicados algunos datos del Censo, la autoridad federal tendría que haber puesto el ejemplo de cómo está corrigiendo las irregularidades en la nómina docente-administrativa.Si predicara con el ejemplo, tendría el peso “moral” de convocar a sus colegas estatales a actuar de forma similar. No obstante, el silencio ha sido nuevamente la opción que hasta ahora han privilegiado la SEP y su titular.
Las medidas correctivas que se esperaría que deriven del análisis del Censo se podrían fortalecer si se diera a conocer la información completa que este ejercicio recogió. Las irregularidades detectadas hasta ahora no son etéreas, sino tienen nombre y apellido y ocurren en escuelas o centros de trabajo concretos, geo-localizados en el Censo educativo. Si, como han argumentado los defensores de la reforma educativa en el Congreso, en el gobierno federal y en algunos estados, las nuevas reglas educativas ponen al centro de la transformación del sistema educativo a la escuela, lo mínimo que se esperaría es que tuviéramos información pública por plantel, para comenzar a activar círculos virtuosos de exigencia y rendición de cuentas por parte de las comunidades escolares. Los padres de familia, maestros y sociedad en general necesitamos saber qué está sucediendo al interior de los planteles públicos con el fin de apoyar a aquellos profesores y funcionarios que sí quieren transformar hacia la honestidad y calidad a la escuela en México. Además, la base de datos completa permitirá cotejar la consistencia de la información recogida al compararse con otras bases informativas con las que ha contado la autoridad.
El Censo educativo no es un patrimonio privado de los funcionarios del Estado mexicano, sino un bien público financiado con los impuestos de los ciudadanos. Exigir su total transparencia y la aplicación de políticas públicas guiadas a partir de sus resultados es una condición imprescindible para avanzar en el tortuoso y largo camino para erradicar la corrupción del sistema educativo y poder construir las bases que permitan dar una educación de calidad a los niños y jóvenes mexicanos. Por ello, el primero que debe poner el ejemplo es el gobierno federal en el ámbito de sus responsabilidades en esta materia. De lo contrario, los llamados que hace a sus contrapartes estatales podrán ser muy airados y con mucha enjundia pero recibirán poco eco, ya que no están sustentados en ejemplos que muestren en los hechos un compromiso por avanzar en la implementación de la reforma educativa. Fue más fácil aprobar una reforma fiscal que limpiar la nómina educativa.Lo peor es que el costo de no corregir dicha nómina es mucho mayor, pues a los recursos públicos desperdiciados, se deben sumar las pérdidas sociales derivadas de la mala calidad educativa cimentada en la corrupción al interior de múltiples escuelas en el país. Utilizar los insumos informativos del Censo educativo de forma inteligente y con transparencia, para así iniciar políticas que atiendan las debilidades identificadas por el propio Censo, es una obligación del Estado mexicano que ya no se puede retrasar.
* Marco Antonio Fernández Martínez es Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.
Fuente: Animal Político
