En febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional de avanzada en materia de transparencia. En sintonía con este espíritu de apertura y colaboración que animó dicha reforma a finales del año pasado, el Senado de la República en conjunto con redes de organizaciones de la sociedad civil desarrolló una iniciativa de Ley General de Transparencia (LGT) que ampliaba considerablemente la protección del derecho de acceso a la información.
La ley por mandato constitucional tenía que ser aprobada por ambas cámaras a más tardar el 7 de febrero, ya que el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo sexto constitucional establecía el plazo de un año para expedir las leyes en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Archivos. El plazo ya venció y la iniciativa de ley sigue sin ser aprobada.
