El diseño e implementación de las Política Públicas en el ámbito municipal, es un campo muy pragmático, tal vez demasiado. El problema no solo radica en la poca generación y disponibilidad de estudios y estudiosos en la materia, es más bien, una consecuencia de un ejercicio en campo poco reflexionado, -y menos aún documentado-, del “quehacer” cotidiano de los gobiernos municipales.

 La problemática es compleja, una aproximación a algunas situaciones más evidentes al inicio de las gestiones municipales, apuntan hacia debilidades sistemáticas en:

  • La conformación y perfil del personal de base del gobierno, que poco o nada conoce de la administración pública municipal.
  • La selección de asesores y/o “entes no ciudadanos” con agenda propia que acompañan y adquieren mucho valor para la toma de decisiones.
  • Las capacidades de administración instaladas al interior de cada área (Planeación, Organización, Ejecución, Control y Evaluación).
  • La capacidad para generar servicios y bienes públicos (obras) de calidad con los recursos disponibles.
  • La capacidad de establecer y desplegar apuestas estratégicas para el desarrollo de la comuna en su propio contexto regional, sin perder de vista dinámicas y tendencias globales.

En suma, no saber qué hacer de entrada o saber muy poco. Ello se traduce en una situación que rebasa cualquier esfuerzo moral y operativo, de aquellos que desean marcar la diferencia y “hacer bien las cosas”.

La problemática municipal es estructural, no sólo actitudinal o motivacional. La problemática señalada es muy frecuente y se repite trienio tras trienio en amplios territorios. ¿Qué la explica?

Exploremos muy brevemente algunas ideas:

Una explicación bastante difundida y aceptada como valida en las diversas poblaciones municipales, asocia el estado y comportamiento de la dinámica municipal a “los cambios políticos”, específicamente, los cambios en los cargos de elección popular: La Presidencia , la sindicatura y las Regidurías.

El cambio trianual de gestión, -deseable y necesario en la vida democrática de un municipio-, no debería significar bajo ninguna circunstancia el “borrón y cuenta nueva” que hoy por hoy, significa. No obstante, la experiencia es avasallante, en muchos municipios el cambio de las autoridades políticas, implica un alto costo de facto para la ciudadanía (costo principalmente asociado a las decisiones de las nuevas autoridades políticas electas y no del cambio por si mismo). Tenemos entonces que muy frecuentemente los Regidores municipales, incluido obviamente el Presidente municipal, deciden en sus respectivas competencias:

  • Destituir a todos o la mayoría de los funcionarios del gobierno anterior por consigna y no por valoración de capacidad y desempeño. Ponderando la lealtad y la confianza (manifiesta en el proceso de la campaña electoral) sobre capacidad de gestión gubernamental valorada.
  • Cambiar la agenda de la política pública municipal, -y muchas veces la social-, a contra pelo de la existente, sin valorar técnicamente resultados y pertinencia, sustentándose en la mayoría de los casos sólo en la legitimidad electoral recientemente adquirida (que sólo en pocas ocasiones es mayor al 50%) y una ponderación de problemas y soluciones bastante intuitiva movilizada por las emergencias.

Otra explicación del estado que guardan las realidades municipales, -y tal vez complementaría a lo anteriormente expuesto-, se deposita en el grado de institucionalidad y consolidación del Estado Mexicano.

Para efectos prácticos y de comprensión del estado de institucionalidad que puede guardar un municipio determinado, a continuación, -muy grosso modo-, se proponen un conjunto de dicotomías, que permiten hacer un ideal de la caracterización posible. Siendo los ítems ubicados a la izquierda los NO deseados, y los de la derecha sus opuestos:

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Entendida la figura en su conjunto, -y aún con sus posibilidades de matices-, siempre es visible la “debilidad institucional” o la “institucionalidad en consolidación”, como se quiera ver.

En esta deuda, -o institucionalidad en desarrollo-, las política públicas no sólo brillan por su ausencia, pues cuando existen las políticas públicas municipales pertinentemente diseñadas, no logran trascender la gestión municipal, y menos, las problemáticas que les han dado origen.

Cabe señalar que la incapacidad institucional no es sólo municipal. La debilidad institucional que ha sido tolerante y cómplice de la realidad de las gestiones municipales alcanza a los otros dos ordenes de gobierno e implican también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, al menos por omisión.

Si el control institucional ya ha fallado a ese grado, el control social también lo ha hecho, o bien, ha logrado ser invalidado.

Por ello es necesario restaurar o instaurar, -según sea el caso-, mecanismos de control ciudadanos complementarios a los institucionales; así mismo es urgente articular un sistema de rendición de cuentas institucional e institucionalizado que supere la brutal fragmentación que hoy en día obstaculiza una adecuada y mejor rendición de cuentas a la ciudadanía.

Recientemente la Red por la rendición de cuentas (RRC) ha presentado el Programa especial de Rendición de cuentas (PERC), programa que constituye una propuesta de acciones concretas al Poder ejecutivo federal para que en el marco de sus facultades constitucionales, impulse y coordine los trabajos necesarios para desarrollar una política pública, articulada, coherente y completa en materia de rendición de cuentas.

Los objetivos del PERC, apuntan a siete puntos de intervención: 1) Archivo, 2) Acceso a la Información, 3) Presupuesto, 4) Compras públicas, 5) Contabilidad Gubernamental, 6) Monitoreo y Evaluación, y 7) fiscalización; así mismo detalla más de 150 indicadores distribuidos en el conjunto de objetivos.

Esencialmente, el PERC[1] es una ruta de mejora y de articulación con líneas de acción claras e indicadores específicos que señala metas concretas para avanzar hacia un sistema de rendición de cuentas.

Si bien, el PERC ha sido diseñado para el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, cabe pensar, -en mi opinión-, que sus objetivos son directamente transferibles a los ámbitos Estatales y Municipales y constituyen en si mismos campos de desarrollo y articulación deseables.

Imaginar una política de rendición de cuentas estatal con alcance municipal es necesario para poderla concretar. Los campos de intervención ya están siendo prácticamente definidos, son muchos los actores y procesos que nos llevan a la misma reflexión: es necesario crear y consolidar una política pública articulada, coherente y completa de rendición de cuentas en el ámbito federal, estatal y municipal.

En la deuda institucional de desarrollo de políticas públicas efectivas de los municipios, los estados y la federación, el desarrollo de una política pública de rendición de cuentas constituye una oportunidad a la que no se le debe ni puede dar la espalda, -no solo por constituirse como una política clave para el desarrollo democrático-, sino por las graves desviaciones que hoy en día se visualizan en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la unión.

El reto de crear un sistema nacional de rendición de cuentas es tan grande como deseable, requerirá invertir muchos recursos, abrir el proceso a la participación ciudadana legitima, -y sobre todo-, desarrollar el trabajo técnico de fondeo y soporte necesarios.

Booggar Gónzález Gómez.

Director general de “Información accesible y rendición de cuentas a.c.”

Mérida Yucatán 20 Noviembre 2014

 

[1] Documento completo disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/download/PERC.pdf