A principios de la semana pasada se llevó a cabo en la Ciudad de México el 4º Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas. El intercambio de experiencias, el debate y las aportaciones de los invitados a este encuentro, permitieron encuadrar el campo de acción en el que se debe de desarrollar una política pública de rendición de cuentas efectiva. Pierre Rosanvallon, conferencista inaugural lo resumió magistralmente: hay que pasar de la democracia de autorización, en la cual los ciudadanos dan el voto y delegan el poder de decisión a los representantes, a la democracia de ejercicio la cual debe impactar sobre la calidad de los gobiernos y la exigencia hacia los gobernantes. Para ello, resulta fundamental la reconstrucción de dos “instituciones invisibles” : la legitimidad y la confianza. En segundo término, se requiere reforzar la democracia con base a cinco dimensiones fundamentales: la transparencia como i) integridad y sus medidas de implementación tales como la prevención, la implicación de la ciudadanía y la sanción moral más allá de la penal o política (reelección); y la transparencia como ii) el hablar verdadero, es decir, se requiere pasar del lenguaje de la seducción y de la simulación al lenguaje de gobierno, explicar para dar un horizonte que de cuenta de las acciones de gobierno. Están en juego, dice Rosanvallon, los retos de la relación entre representantes y representados estos son: iii) la legibilidad, es decir, que las instituciones y las políticas sean comprensibles para los ciudadanos; iv) la reactividad, que es la capacidad que desarrollan las sociedades para sentirse escuchados por los gobernantes traducida en funciones de involucramiento, de información y de comunicación y v) la responsabilidad política entendida como el pasivo que viene a equilibrar el activo de todo poder.

Mientras se desarrollaba el Seminario, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para crear un sistema nacional anticorrupción. La propuesta generó consensos entre los demás partidos y retomó el diagnóstico hecho por la Red. Las coordenadas de la propuesta buscan articular en un sistema (ya no en un órgano burocrático más) a instituciones hoy desvinculadas y cuya función es deficiente. En este nuevo diseño se perfila crear un consejo nacional conformado por los órganos públicos que intervienen en el sistema nacional anticorrupción; se propone la creación de un comité ciudadano para la ética pública cuya función sería una especie de sistema de alarmas y denuncia sobre actos de corrupción; se busca fortalecer la Secretaría de la Función Pública con la profesionalización de los contralores; se propone fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación otorgándole más facultades y con la posibilidad de no estar atada al principio de posterioridad en la revisión del gasto. También se busca un nuevo diseño en el cual la facultad de sanción que ahora tienen las contralorías que dependen del Ejecutivo, gobernadores y presidentes municipales corresponda a un órgano adscrito al poder judicial que se encargue de procesar las acusaciones en materia penal y que en materia administrativa sea facultad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (bajo un nuevo diseño).

En pleno año electoral y con la urgencia de dar respuesta a la exigencia de justicia por el caso Iguala, se abre una enorme oportunidad para recomponer la legitimidad y confianza, consolidando el andamiaje de una política pública de rendición de cuentas. No hacerlo significará continuar en la simulación y el engaño.

Corolario: al inicio de este sexenio, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contaba con dos cartas que parecían asegurarle la reelección al cargo: la sumisión incondicional al Presidente Enrique Peña Nieto y la cercanía con el Ejército. En la peor crisis de derechos humanos que ha atravesado el país en la última década, el “ombudsman” presentó al Senado 16 cajas con cartas de apoyo para su reelección. Junto con esas cartas está una demanda de juicio político respaldada por 80 ciudadanos con trayectoria reconocida en materia de derechos humanos y una solicitud de comparecencia ante la Cámara de Diputados hecha por un grupo de diputados del PRD y del PAN a través de la cual le exigen que rinda cuentas sobre su gestión. Ningún titular de la CNDH, desde que el órgano es autónomo, había llegado al término de un periodo con tanta animadversión. Ante la situación actual, al Senado tiene la responsabilidad de perfilar el liderazgo y tipo de política en materia de derechos humanos que el país necesita.