A lo largo de su existencia, la Policía Comunitaria de Guerrero ha dado una dura batalla legislativa y judicial para tener un respaldo también a nivel de la constitución y de las leyes del estado de Guerrero, para hacer frente a las condiciones críticas de inseguridad que padecían las comunidades indígenas y afromexicana de la Sierra y la Costa Chica.
El 12 de octubre es una fecha de lucha para los pueblos originarios de nuestro continente por la que recuerdan su resistencia histórica frente al poder colonial, pero también frente a los poderes neocoloniales de los estados nacionales y las corporaciones privadas que no han cesado de violentar sus territorios, sus formas propias de vida y de gobierno comunitario.
En México las expresiones de resistencia son tan diversas como diverso es el universo de culturas originarias presentes. Van desde la preservación de sus lenguas, sus espacios ceremoniales y espirituales; la defensa de sus territorios, bienes comunes y modos propios de desarrollo; el ejercicio del autogobierno y la aplicación de sus sistemas de justicia y de seguridad.
Uno de los ejemplos representativos de la resistencia indígena en nuestro país lo constituye la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), que el próximo 14 de octubre celebrará su 28 aniversario de existencia. La razón de su creación fue hacer frente a las condiciones críticas de inseguridad que padecían las comunidades indígenas y afromexicana de la Sierra y la Costa Chica de Guerrero, ante la omisión y la complicidad de parte de las autoridades en todos los niveles.
Ante un contexto de extrema violencia, las comunidades -en ejercicio de su derecho a la libre determinación- decidieron por medio de sus asambleas poner en marcha un sistema propio de justicia y de seguridad, el cual ejerce sus competencias en 215 comunidades, en 29 municipios del estado de Guerrero, a través de cinco casas de justicia establecidas en San Luis Acatlán; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, municipio de Metlatonoc; El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, y Caxitepec, municipio de Acatepec.
Transcurridos casi ya 30 años de justicia comunitaria “se ha logrado bajar hasta en un 90 por ciento el índice delictivo en esta región (…) no hay personas desplazadas en las comunidades (…) el flujo comercial se desarrolla sin problema alguno, las personas transitan por la zona sin que existan hechos de violencia que les afecte, los servicios de salud, educación y transporte funcionan a cabalidad sin que se vean suspendidos por hechos de violencia. En suma, los índices de homicidios y secuestros son mínimos”.
Para llevar a cabo las funciones de impartición de justicia, la policía comunitaria cuenta con un reglamento interno donde se conjugan también las normas consuetudinarias o la costumbre de cada comunidad. Si bien el ejercicio de sus sistemas normativos propios encuentra eco en el artículo 2 constitucional y en tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, a lo largo de su existencia, la CRAC-PC ha dado una dura batalla legislativa y judicial para tener un respaldo también a nivel de la constitución y de las leyes del estado de Guerrero.
En 2011 lograron a través de la Ley 701 que sus derechos y funciones fuesen amparadas. Sin embargo, durante la legislatura del gobierno anterior de Guerrero se llevó a cabo una contrarreforma a través de un proceso de consulta simulada, lo cual les dejó en desprovisto de la protección legal con que contaban. Dicha consulta fue impugnada por la CRAC-PC, llegando el caso hasta la SCJN, quien validó una consulta que no se apegaba a los estándares internacionales.
Una vez más los pueblos tienen que ir a contracorriente para hacer valer sus derechos colectivos, como también sucede con el caso de la promesa de reforma constitucional impulsada por el Gobierno Federal que sigue atorada en la consejería jurídica de la presidencia sin haber sido presentada ante el Congreso de la Unión, cuando ya está a punto de concluir la actual administración. Sin dicha reforma, derechos como la autonomía indígena y la aplicación de la justicia comunitaria, como la que practica la CRAC-PC, seguirán sufriendo de obstáculos legales y amenazas para su ejercicio pleno.
No obstante, ejemplos como la CRAC-PC siguen manteniendo vivo el andar de resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Su posicionamiento tras conocer la lamentable decisión de la SCJN así lo patenta:
“A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos, los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos. Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.
* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
