El proyecto fue anunciado por la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández y lleva como nombre Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad

Este jueves el Poder Judicial de la Federación (PJF) arranca con una serie de foros con los que busca construir una propuesta de política de Estado en materia de seguridad y justicia, que revierta un sistema en el que fiscales, policías y jueces no comparten información.

José Antonio Caballero, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaborador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es el encargado de recoger las propuestas que realicen especialistas, políticos, académicos, ciudadanos y servidores públicos, en los 14 foros que se realizarán en todo el país. Reconoce que no es tarea fácil, porque dice que no existe comunicación entre las propias autoridades.

“El sistema de justicia opera con unos déficits de diálogo brutales, las policías no hablan con los fiscales. Tú entrevistas policías: detestan a los fiscales; los fiscales detestan a los policías, y ambos detestan a los jueces, los jueces igual; en el sistema nadie se habla y los usuarios de la justicia tampoco ni hablan ni son escuchados”, expresó.

El pasado 29 de febrero, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, anunció este proyecto denominado Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, cuyos resultados se entregarán a la nueva conformación del Congreso de la Unión y a quien resulte presidenta o presidente de la República.

Antonio Caballero señaló que la Corte ve muchos casos, pero también “a veces está muy lejos de la realidad”, por lo que es necesario establecer esas vías de comunicación, esos puentes sobre todo para establecer puentes y mecanismos de comunicación.

“La Corte hace cosas muy específicas como tribunal constitucional y eso la coloca en una posición muy lejana, digamos, a la realidad cotidiana, alcanzan a ver cosas, pero otras cosas no se ven con esa facilidad allá arriba, entonces es necesario abrir esos caminos”, apuntó.

El profesor dejó claro que la consulta no tiene que ver con el proceso electoral que está viviendo nuestro país, donde puede haber muchísimas propuestas de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y del candidato Jorge Álvarez Máynez.

“Este es un esfuerzo distinto, este es un esfuerzo que trata de preguntar. Sí, si tiene un objetivo muy concreto, en agosto tener material muy concreto para la construcción de planes de gobierno, de planes legislativos, de insumos muy específicos en materia de justicia y seguridad.

“Es decir que quienes lleguen al Congreso, a la nueva legislatura, la persona que ocupe la Presidencia de la República tendrá un informe muy específico de muchas posiciones muy legitimado a través de estos ejercicios. Ya decidirá si lo quiere tomar o no”, comentó.

Explicó que el sistema de seguridad y justicia empieza desde un policía municipal o un policía de tránsito y termina en la Corte y eso pasa por todo tipo de funcionarios, fiscales locales, fiscales federales.

“Lo puedes ver en casos que están vivos todos los días que, la Fiscalía General de la República decide atraer un caso, pero la fiscalía local no les ha entregado suficiente información; unos dicen que sí, otros dicen que no y ahí tienes esos cortocircuitos”, subrayó.

Recordó que en los años 90 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual consideró que es la mejor herramienta para diseñar y ejecutar políticas públicas de Estado en temas de seguridad y justicia.

“En términos generales lo hemos infrautilizado, entonces quien asuma el gobierno y el Congreso, necesariamente, en particular, tendrán que apoyar al fortalecimiento y a la consolidación de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública, me parece que esa es la instancia de diálogo y generación”, añadió.
Finalmente, dijo que la ministra Norma Piña está consciente de que la Corte es partícipe de todo esto para garantizar acceso a la justicia.

Fuente: Milenio