El mensaje de Enrique Peña Nieto fue muy legislativo y muy poco ejecutivo. Cuando México necesitaba el liderazgo de un Presidente autocrítico, en Palacio Nacional se escuchó el discurso de un diputado hiperactivo. Muchos esperábamos ver acciones concretas y a cambio recibimos un decálogo de compromisos. El jueves no se marcó un cambio de rumbo, ni una inflexión en la trayectoria de la República.
El gran estratega detrás de las propuestas presidenciales se llama Felipe Calderón. ¿32 policías estatales? Ya se había discutido el sexenio pasado, pero la eficiente mezquindad del PRI en la oposición logró que la propuesta naufragara. ¿Un operativo federal para la región de Tierra Caliente? Hace ocho años, en diciembre de 2006, el gobierno de Calderón inició con una decisión muy parecida. La Clave Única de Identidad ha sido una propuesta que hemos impulsado organizaciones de la sociedad civil. Resulta positivo que el presidente Peña retome esta idea, que puede transformar el acceso de los mexicanos a los servicios de educación, salud, crédito y seguridad social. ¿El 911? Desgraciadamente el número de tres dígitos no será suficiente para atender la emergencia de desconfianza sobre las instituciones nacionales.
Las propuestas del párrafo anterior son loables y meritorias, pero no responden al problema de fondo: el sistema político mexicano enfrenta un profundo descrédito colectivo. Hoy un ciudadano que trae un teléfono inteligente en su bolsillo tiene mayor poder de procesamiento de datos del que tenían todas las computadoras de la NASA cuando llegó el primer hombre a la luna. ¿Cómo se gobierna una sociedad con ciudadanos de la era digital?
El viernes un grupo de policías vestidos de civil “levantó” al estudiante de la UNAM Sandino Bucio, sin una orden de arresto de por medio. Varios celulares grabaron el “operativo” y las placas del coche. En unas horas, el nombre del estudiante apareció en 88 mil tweets. Después de una sesión de golpes y tortura, Sandino Bucio quedó libre. Las redes sociales fueron mucho más eficientes en proteger al presunto inocente, que la policía en justificar la legalidad y motivo de la detención. El escrutinio sobre los actos y omisiones de la autoridad es inédito. Los gobernantes no pueden mantener sus usos y costumbres como si el invento del fax fuera el último grito de la tecnología.
El líder de una democracia del siglo XXI no puede suponer que un tema como el de la Casa Blanca se puede esconder bajo el tapete y el asunto va a quedar en el olvido. En el tema de la corrupción, al mensaje presidencial le faltó ambición, autocrítica y arrojo. Su propuesta más importante en este tema fue simplemente apoyar la iniciativa que ya se encuentra en el Congreso.
¿Por qué no hace obligatoria la presentación pública de la declaración patrimonial para todos los servidores públicos por arriba de directores de área? Con una Ley General se podría obligar a lo mismo a jueces, ministros, miembros de los 33 congresos y autoridades de estados y municipios. Si ya lo hizo el Presidente, por qué no el resto de los funcionarios en todas las ramas y niveles del Estado mexicano. Además de transparentar su patrimonio se podría sumar la obligación de publicar la declaración de impuestos de cada servidor público.
En su mensaje el Presidente fue muy enfático en proponer “sanciones ejemplares para empresas que incurran o se coludan con alguna autoridad y que caigan en corrupción”. Qué bueno que se castigue a empresarios corruptos, pero ojalá ese mismo énfasis persecutorio se ponga sobre sujetos impresentables de la clase política. El discurso presidencial me dejó la impresión de que Peña Nieto está más indignado por la corrupción en el sector privado que por los moches de los diputados, los negocios de gobernadores y las impúdicas licitaciones de algunos miembros de su propio gabinete. Si la tragedia de Iguala le abrió los ojos al Presidente sobre el problema de la seguridad, el tema de la Casa Blanca aún lo tiene pasmado.
@jepardinas