Los recursos de reclamación fueron admitidos a trámite desde la semana pasada.
El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no una sala, será el que resuelva los recursos de reclamación que interpuso el Senado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) contra la admisión a trámite y la suspensión otorgada en la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual frenó el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los recursos fueron turnados a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Ambos recursos impugnan la decisión dictada el 24 de marzo de este año por Javier Laynez Potisek, ministro instructor de la controversia constitucional 261/2023, quien admitió a trámite y otorgó la suspensión al organismo electoral.
En estrados se menciona que ambos recursos fueron turnados de manera directa al Pleno de la Corte, la cual se prevé discuta los asuntos en las próximas semanas, debido a la relevancia del asunto.
Cabe mencionar que, el ministro Laynez Potisek señaló que la suspensión que concedió al INE y que frenó la entrada del ‘Plan B’ de la reforma electoral, tiene como propósito preservar el estado democrático, así como los derechos de los votantes y de los trabajadores del organismo.
Asimismo, mencionó que el sistema democrático nacional tiene como objetivo garantizar la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral.
“Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, advirtió.
Laynez Potisek puntualizó que de no concederse la suspensión se podría concretar las reformas planteadas, por lo que era necesario conceder la medida cautelar contra todo el decreto combatido.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, apuntó.
Es de mencionar que la reforma a las leyes electorales establece desaparecer varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo su función.
El INE impugnó el Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El ministro instructor concedió la suspensión respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
Fuente: Milenio
