Estos temas, señaló, son la prevalencia de la Ley General de Transparencia sobre otras normas que incluyan en sus ordenamientos reservas de información; la facultades que tendrán las instituciones que conformarán el órgano superior de dirección del Sistema Nacional de Transparencia, y la creación de Comités de Transparencia en entidades de seguridad nacional e inteligencia, que resuelvan asuntos que no tengan que ver con esas materias.

 “Nosotros, el miércoles, una vez que se conoció el anteproyecto o el proyecto de dictamen y que estuvo en página, revisamos el texto, advertimos que hay mucho avance pero, para ser consistentes con nuestro decálogo, hubo tres temas que todavía, ayer, respetuosamente, mandamos al Senado, tres puntos que todavía consideramos que pudiesen ser motivo de análisis”, dijo.

Cano, quien fue entrevistada la noche del jueves tras la presentación del libro “La transparencia y el acceso a la información en los expedientes judiciales”, explicó que en el caso de las reservas de información éstas deben de estar previstas exclusivamente en la Ley General de Transparencia y todas las demás leyes y ordenamientos deben sujetarse a ella.

 “Nosotros decimos que la ley especializada que debe prever eso es la Ley General de Transparencia, y si bien otras leyes pueden preverlo, esas causales deben estar acordes con el catálogo del listado que establece la Ley General, no más”, anotó.

En el caso de la conformación del órgano de dirección del Sistema Nacional de Transparencia, señalo, el dictamen establece que en éste, además del IFAI y los órganos garantes de los estados, estarán el INEGI, el Archivo General de la Nación (AGN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el caso de éstas tres últimas instituciones, dijo Cano, a consideración del IFAI no deberían tener capacidad de voto dentro del órgano de dirección debido a que son sujetos obligados.

 “Las tres instancias que te acabo de comentar: INEGI, Archivos y Auditoría, consideramos que si bien ellos integran el sistema y tiene que haber coordinación, ellos no podrían tener voto en las decisiones que se tomen en el seno del Consejo General. Entonces, sí que haya coordinación pero no toma de decisiones porque son sujetos obligados directos en transparencia, consideramos que no pueden ser juez y parte”, detalló.

El tercer tema que podría mejorarse, añadió, es el de la no conformación de comités de Transparencia en las entidades de seguridad nacional, defensa e inteligencia, ya que si bien es cierto que por su cometido institucional generan mucha información reservada y confidencial, también producen datos administrativos que no están relacionados con su labor sustantiva.

El dictamen tal como fue aprobado, explicó Cano, establece que no habrá Comité de Transparencia y que será el titular de cada entidad el encargado de acordar la reserva de la información.

 “Hay información, estamos conscientes, de que es información sensible, pero hay otra información presupuestal, administrativa, que bien puede ser sujeta de análisis a través de un órgano colegiado, como es un comité”, puntualizó.

Fuente: La Razón