Hace un par de semanas, al calor postelectoral de las contiendas en Coahuila y Estado de México, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó lineamientos para garantizar un “piso parejo” en los procesos electorales. A partir del 8 de septiembre, todo aquél que busque un cargo de elección popular tendrá prohibido usar recursos privados o públicos, echar mano de burocracias, instituciones y subordinados para promocionarse frente al electorado.

No cumplir con estos lineamientos implicará que los recursos que los aspirantes erogen en propaganda, se sumarán a los gastos de precampañas para que, en caso de rebasar los topes establecidos por la ley, se niegue el registro de una candidatura.La noticia no parece mala frente a comportamientos de actores políticos que suelen abusar del cargo público para promoverse o promover candidaturas para sus allegados. Sin embargo, tres cuestiones hacen dudar de la efectividad de esta“civilidad política” y preocupanposibles efectos no deseados.

En primer lugar, el “piso parejo” hace referencia a estándares comunes para actores que,por su naturaleza, son diferentes. No es lo mismo el acceso a recursos por parte de un funcionario público de alto nivel como un Secretario de Estado, que el de un jefe de departamento. La cuestión se vuelve más compleja si se voltea a ver a las candidaturas independientes. Con un sinfín de restricciones, los candidatos independientes están destinados aemprender una cruzada para conseguir un elevado número de firmas; no podrán más que utilizar redes sociales y medios gratuitos para transmitir las razones de su participación. La pregunta entonces es: ¿se puede utilizar el mismo rasero para actores diferenciados; es parejo lo que por naturaleza empieza en cancha dispareja?

En segundo lugar, en los lineamientos se establece que, en el marco de la entrega de informes de labores o de gobierno, no podrá aparecer la figura del servidor público para su promoción electoral. Por ello, estarán vetados espectaculares, anuncios pagados en Facebook y vallascon la efigie de Gobernadores que no podrán promoverse “con fines electorales”. Esta disposición alude a las enormes deficiencias que hay en los contenidos de los informes de gobierno que, lejos de cumplir con estándares mínimos de rendición de cuentas, se han vuelto un pretexto para el dispendio y la promoción personal. Sin embargo, en la última reforma en materia de transparencia y acceso a la información se lograron avances que establecen criterios, parámetros y contenidos de informes, así como información del gasto en publicidad oficial.

Por último, en los lineamientos se prohíbe que, durante los procesos electorales, los aspirantes acudan a eventos en los que se entreguen programas sociales a la ciudadanía o que se promuevan candidaturas de terceros. Se menciona que en el mes de agosto se emitirán normas relativas al uso indebido de programas sociales, así como la garantía de principios de equidad que establece el artículo 134 de la Constitución, cuya frecuente violación rara vez es sancionada. ¿Bastará esta disposición para contener la vanidad onerosa de los Gobernadores?

Lineamientos y normas serán insuficientes si no se garantiza el acompañamiento y la vigilancia ciudadana. Derechos que no se conocen, serán derechos que no se exigen. Esto es justamente lo que buscamos en Nosotrxs: que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos usando colectivamente la información y que destinatarios de los programas sociales se organicen para vigilar ydenunciar exclusiones y corrupción, de formaque las instituciones pilares de la democracia garanticen el ejercicio de nuestros derechos.

Cofundadora de Nosotrxs

@NosotrxsMX

Fuente: El Sol de México