Virgilio Andrade ha descubierto algo muy importante: México no tiene instituciones para investigar y sancionar el conflicto de interés. Esto era algo que ya suponíamos. Sin embargo, ahora la Secretaría de la Función Pública presentó evidencia que no deja lugar a dudas. Lo que en otros países es considerado una falta que se castiga en los tribunales, en nuestro país es sólo un pecado menor cuya única sanción pública es una disculpa en viernes.
En mayo pasado se publicó la reforma constitucional para el combate a la corrupción. La reescritura de la Carta Magna pinta bien. Si las leyes secundarias respetan su espíritu y propósito, este pudiera será un cambio importante. Aún falta tiempo para conocer si el potencial transformador de la reforma deviene en un nuevo orden de cosas. Hoy en México, una persona puede ser socio del presidente de la República, prestamista generoso del secretario de Hacienda y contratista privilegiado del gobierno (se asume la sociedad entre el dueño de grupo Higa y la pareja presidencial, al compartir el título de propiedad de un bien inmueble). Socio, prestamista y contratista: todos estos roles se pueden cumplir, al mismo tiempo, sin infringir ninguna ley. El informe de Virgilio Andrade es un poderoso incentivo para que alcaldes y gobernadores inviten a sus compadres a formar empresas para ser proveedores de sus respectivos gobiernos.
Esta semana se presentó la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas. La nueva legislación busca evitar que un gobernador multiplique por 100 la deuda pública de su estado, sin que quede claro el uso y destino del empréstito, como lo hizo Humberto Moreira en Coahuila. Con esta flamante normatividad será ilegal lo que hizo por un tiempo Rodrigo Medina en Nuevo León: clasificar como información confidencial la tasa de interés de un crédito de gobierno. Si la ley se cumple, Javier Duarte en Veracruz tendrá menos margen para negar el pago, jinetear el dinero y extorsionar a empresas proveedoras de su gobierno.
La reforma constitucional en materia de corrupción y la Ley de Disciplina Financiera son cambios positivos y necesarios. El problema radica en que las nuevas leyes e instituciones están basadas en la absoluta impunidad de actores políticos que han cometido faltas y delitos. La ausencia de castigo es la piedra angular con la que buscamos construir un Estado de derecho el día de mañana. En arquitectura, una piedra angular es la primera roca sobre la cual se erige una nueva construcción. Es el ladrillo que sirve como base de la estructura y como referencia para colocar el resto de los bloques que conforman el edificio. Sobre el cimiento de la impunidad buscamos construir el andamiaje para combatir la corrupción.
Mientras en Guatemala se persigue e investiga al Presidente y a la vicepresidenta de la República, en México no podemos castigar ni siquiera a un delegado del DF o al edil de un ayuntamiento. La corrupción es el mayor obstáculo para aumentar la inversión y el crecimiento de la economía mexicana. Esta semana el influyente diario británico Financial Times fulminó a nuestro país en una comparación con Brasil:
“Los escándalos de corrupción en América Latina se persiguen con más eficacia… Los parámetros han cambiado. Brasil con su relativamente sólido sistema jurídico y una arraigada convicción a favor de la libertad de expresión ha entendido el cambio. México… no. Sería tonto pensar que el caso de Petrobras va a cambiar la vida política y los negocios en Brasil. Pero, al menos, el enjuiciamiento y caída de figuras antes intocables señala la posibilidad de un nuevo rumbo. En México, en contraste, no hay altas autoridades en la cárcel y la corrupción se siente rampante. Si México tuviera estado de derecho, la inversión extranjera directa se podría elevar a niveles brasileños, unos 13 mil millones de dólares adicionales al año”. Ese es el precio que paga México por la normalización de la impunidad.
@jepardinas
