La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe revisar la manera en la que se ha operado el llamado “Profeproa”, para determinar si existen irregularidades que han permitido el enriquecimiento de algunos dirigentes sindicales, como es el caso de Bernardo Quezada, consideró el Presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.

El legislador perredista sostuvo que al haber recursos públicos involucrados, la ASF es competente para conocer del caso, pues el rescate, que hasta el momento suma alrededor de mil 200 millones de pesos, se ha hecho a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

“Debe, por supuesto, la Auditoría Superior de la Federación entrar a hacer una investigación de oficio, diría yo, sin esperar a que hubiere una denuncia específica formal, es su obligación, hoy, con los nuevos ordenamientos legales”, mencionó.

REFORMA dio a conocer este lunes que entre las empresas que se han beneficiadas con el rescate que ha hecho el Gobierno federal de los maestros deudores se encuentra Ediciones Tratados y Equipos S. A. de C. V. (Etesa), propiedad de Héctor Peredo, quien es suegro de Quezada.

El 15 de abril pasado, el diario estadounidense Miami Herald dio a conocer que Quezada, quien es miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y diputado federal por el Partido Nueva Alianza (Panal), posee, en conjunto con su familia, 13 bienes inmuebles en Florida con un valor de 8.2 millones de dólares.

Zambrano consideró inexplicable cómo un profesor y líder sindical puede poseer recursos tan cuantiosos, por lo que Quezada debe dar una explicación pública sobre cómo se hizo de ese patrimonio.

“Es, desde luego, inentendible, por decir lo menos, que tenga propiedades de más de ocho millones de dólares, según se cuenta, tan solo las patrimoniales, veremos o habría que ver si hay otros recursos que están metidos por ahí”, dijo.

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas, consideró que la ASF puede realizar la investigación basada en las nuevas facultades que le otorgó la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyas normas secundarias serán discutidas y probablemente aprobadas en las próximas dos semanas en el Congreso.

“Yo creo que, sin duda, la Auditoría tendría que entrar en esto, en la Cuenta de 2015 y estamos por darle a la Auditoría facultades que la Constitución ya se las da, de poder entrar en el momento mismo del ejercicio, y creo que este es uno de los casos que se puede justificar”, expresó.