Aunque se prevé que aumente, el gasto federal presupuestado para comunicación social y publicidad no es excesivo, pero debe ejercerse de manera transparente y sin rebasarlo, consideraron las organizaciones Fundar y Artículo 19.

REFORMA publicó hoy que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso aumentar en 53 por ciento ese rubro, al pasar la partida 3600 de 2 mil 338.6 millones en 2018 a 3 mil 579.45 millones de pesos en 2019.

En su análisis, Fundar contabilizó 4 mil 258 millones de pesos dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, contra 3 mil 280 millones de pesos aprobados para 2018, lo que implicaría un aumento del 30 por ciento.

De cualquier modo, Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar, reprochó que no se hizo una reducción como se esperaba, pues el Proyecto de Nación de López Obrador mencionaba que el monto rondaría los mil 822 millones de pesos.

Pese a ello, recordó que en todos los años de la Administración de Enrique Peña Nieto el presupuesto de la partida 3600 rondó cifras similares, entre 3 mil 500 y 4 mil 500 millones de pesos.

“Vemos que con el nuevo Gobierno queda un presupuesto en 4 mil 258 millones, no es escandalosa la cifra, nos parece una cifra bastante adecuada y que da margen para que la Administración Pública federal pueda comunicar sus campañas”, concedió.

“El reto está en que este dinero no se rebase y, si se va a rebasar, estas ampliaciones presupuestarias tienen que ser transparentes y ser públicas, porque normalmente no es así”.

Sin embargo, la especialista no es optimista, pues ya se encuentra en vigor la Ley General de Comunicación Social, bautizada por la sociedad civil como “Ley Chayote”, que no tiene reglas claras que impidan el uso arbitrario de los recursos.

A ello, dijo, se suma que el proyecto para 2019 centraliza los recursos en la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación.

“No hay reglas claras de cómo va a funcionar esta Oficina de Presidencia y Gobernación, que se van a estar chiquiteando los roles”, señaló.

“Sí se necesitan reglas claras y transparentes para ejecutar una buena estrategia de comunicación social que no afecte la libertad de expresión, porque si no vamos a ver que están cooptadas las líneas editoriales de diversos medios”.

En tanto, Ricardo Reyes, abogado del área de Derecho a la Información de Artículo 19, consideró que centralizar los recursos en la Segob y en Presidencia posibilita que se siga manipulando la asignación de publicidad.

“Por eso, es necesario que el Poder Legislativo y el Ejecutivo volteen a ver las iniciativas que se han presentado por diferentes partidos políticos y las que desde el colectivo #MediosLibres hemos presentado, y atender también a la petición de la abrogación de la ‘Ley Chayote'”, pidió.

“El llamado también va en el sentido de que respeten el presupuesto, ante la ausencia de criterios; eso sí haría una diferencia”.

Fuente: Reforma