Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado ampliar el derecho al acceso a la información en la construcción de la nueva Ley Federal de Transparencia.

Durante las audiencias públicas convocadas por las comisiones de la Cámara alta, investigadores, activistas y especialistas se pronunciaron a favor de que la legislación otorgue facultades específicas al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) en los casos de violaciones graves a derechos humanos.

Los ciudadanos consideraron necesario que el órgano garante pueda determinar la apertura de la información relacionada con esos casos, sin necesidad de esperar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determine explícitamente la gravedad de los mismos.

“Atendiendo el principio de progresividad también, la Ley Federal debe otorgar la facultad expresa al INAI para determinar el interés público de la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, afirmó Ana Cristina Ruelas, de la organización Artículo 19.

“¿Por qué esperar a que la Suprema Corte resuelva, si tenemos de frente a un grupo de legisladores con voluntad de hacer este México uno más transparente? Con todo respeto, senadores, la jurisprudencia existe por las lagunas que el legislador no previo al momento de legislar y en este caso estamos diciéndoles que existen y con alevosía se quieren mantener”.

La propuesta fue respaldada por Guillermo Noriega Esparza, del Colectivo por la Transparencia, y Alejandro González Arreola, de la organización Gestión Social y Cooperación.

González Arreola coincidió con la propuesta enviada por el INAI al Senado, para que el organismo también garantice el acceso a la información sobre casos de corrupción.

Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, pidió a los senadores que todos los temas que no fueron contemplados en la Ley General de Transparencia puedan incorporarse en la legislación Federal para que apliquen a todas las instituciones y sectores de la Administración Pública.

Merino manifestó su preocupación ante la necesidad de que en las legislaciones secundarias sean analizadas de manera integral, tomando en cuenta la reforma en materia de combate a la corrupción.

Existe el riesgo, reconoció, de que las negociaciones políticas terminen por romper con la coherencia interna de las leyes que deben crearse.

Renata Terrazas, investigadora de Fundar, insistió en la necesidad de retomar temas que no fueron tomados en cuenta en la Ley General.

Terrazas opinó que a pesar de la premura del Senado para sacar adelante la reforma, el debate sobre la misma debe ser ampliado.

También se pronunció por establecer una obligación para que los sujetos obligados generen información, eliminar cualquier disposición que permita discrecionalidad y avanzar en la transparencia del Poder Legislativo y el sector energético.

Mariana Campos Villaseñor, de la organización México Evalúa, consideró que documento de trabajo que se encuentra discusión en el Senado contiene algunos riesgos como la extensión indefinida del término para revelar información.

“No se establece por cuánto tiempo va poder a emplearse y puede ser un año o toda la vida”, advirtió.

“Hay que tener mucho cuidado para respetar la ley General y en los casos y en caso de que se pretende mejorar que no vaya el experimento del derecho al acceso al información”.

De manera particular, Campos Villaseñor pidió a los legisladores incluir obligaciones para garantizar la transparencia en todas las contrataciones que se realizan a nivel federal, ya sea a través de licitaciones o de adjudicaciones directas.

“Se ve que debemos aprovechar la oportunidad para que se le da regulaciones homogénea sin importar el procedimiento de contratación”, expuso.

Noriega Esparza advirtió que la propuesta de análisis es laxa, repetitiva e insuficiente en algunos aspectos.

Incluso advirtió que su lectura es esquizofrénica y omisa en ciertos apartados.

El integrante del Colectivo por la Transparencia se pronunció por ampliar la discusión a través de foros con representantes de la sociedad civil, en incorporar más obligaciones de transparencia para los poderes Legislativo y Judicial.

“Es momento de ser exhaustivos y dejar poco a la imaginación”, aseveró.

Varios ponentes coincidieron en la necesidad de que la nueva Ley Federal incluya las obligaciones a las que se ha comprometido en la Administración al participar en el esquema de Gobierno Abierto.

Fuente:Reforma