Cecilia Azuara, secretaria de Acuerdos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), advierte que si bien son mínimos los incumplimientos por parte de los sujetos obligados a la Ley Federal de Transparencia, se ha identificado que es la Procuraduría General de la República (PGR) la instancia que más niega la información.
“Son casos aislados donde tenemos problemas y se trata de temas muy concretos y determinados. Prácticamente se trata de averiguaciones previas. La Procuraduría ha sido quizá el sujeto obligado que en la historia de la vida del IFAI y de la Ley ha tenido más incumplimiento, con prácticamente la mitad de los casos que tenemos y esto es porque consistentemente impugna las resoluciones del IFAI. Pero sí quiero enfatizar que dichos incumplimientos son mínimos”, comenta Azuara.
Hasta la fecha se han presentado 77 denuncias en la historia del IFAI, en 41 casos se trata de acciones que tienen que ver con la Procuraduría. Sin embargo, de éstos, son pocos los que la Secretaría de la Función Pública sanciona.
¿Podría detallar el procedimiento de sanción?
La normatividad establece que efectivamente, ante cualquier incumplimiento de la ley –en el que está incluido cualquier incumplimiento de las disposiciones del IFAI–, se debe seguir un procedimiento contra los servidores públicos involucrados. Y a partir de una investigación, se determina cuál es la sanción que en su caso amerita el tema. La autoridad que es competente es la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cuando esto ocurre, el IFAI denuncia ante la SFP. “La realidad es que tenemos muy pocos casos de incumplimiento de resoluciones. Ese es un punto a considerar importante. Tenemos prácticamente el 99. 9 por ciento de resoluciones cumplidas”.
Sobre los casos emblemáticos, Cecilia Azuara advierte que fue en 2006, cuando se presentó el caso que ha recibido la sanción más fuerte. La Función Pública destituyó e inhabilitó a Edgar Zeferino Serna Vega, un agente del ministerio público, por 10 años, porque se negó a otorgar acceso al expediente del accidente en que perdió la vida el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. La información fue negada incluso al comisionado ponente del IFAI, quien era en ese entonces Juan Pablo Guerrero Amparán.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha obtenido esta información, ni ninguna en la que ha habido funcionarios sancionados. En los 77 casos presentados ante la SFP, la información ha quedado sin ver la luz.
La sanciones más recientes relativas a transparencia, efectuadas por la SFP, ocurrieron en el año 2008, cuando la PGR se negó a entregar información concerniente a los exámenes de confianza de los servidores de esa institución. El titular del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano de la PGR, Rogelio López Maya, fue sancionado con una amonestación pública en dos ocasiones. Los exámenes siguen sin ser públicos.
A nivel federal, explica Cecilia Azuara, la solución a las negativas de acceso a la información ha sido, sobre todo, a través de la creación de una cultura de la transparencia proactiva, y no tanto en la sanción al servidor, aunque aseguró que ésta también es necesaria. En ninguno de los casos mencionados donde algún funcionario fue sancionado por no entregar datos públicos, la información solicitada fue hecha pública. Lo que le interesa al IFAI es que se publique la información, advierte Cecilia Azuara. Y para ello ha resultado más efectiva la cultura de la transparencia y la creación de acuerdos.
