La reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, permite advertir que nuestro país se mantuvo en la posición 124 de 180 naciones evaluadas en materia de combate a la corrupción, siendo el mismo lugar que ocupó en el año 2020.

En ese sentido, según los resultados del Índice, México comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón, Níger y Papúa, Nueva Guinea, en tanto que permanece como el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Como es ya conocido, dicho índice se elabora con base en las opiniones de especialistas, analistas de riesgo financiero, académicos y expertos en el tema, consultados sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas y, ante este estancamiento evidente, existe una serie de recomendaciones técnicas para nuestro país, entre las que destacan las siguientes:

1. Que las investigaciones en materia de corrupción transiten a sanciones efectivas;
2. Que los integrantes de las redes de corrupción que se identifiquen sean sancionados;
3. Que los activos desviados se reintegren al patrimonio nacional;
4. Que las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción sean evaluados “en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos”.

Considerando los resultados obtenidos en el mencionado Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC) y las recomendaciones técnicas efectuadas, es pertinente reflexionar en torno a las acciones que está siguiendo el Estado Mexicano en su conjunto para frenar dicha problemática.

Los puntos que a continuación se presentan, nos dan una idea del rumbo o camino que hoy en día se sigue al respecto:

1. La Secretaría de la Función Pública (SFP) prepara un nuevo Código de Ética aplicable a la Administración Pública Federal y que se encuentra en revisión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La finalidad de este código consiste en regir la conducta de los funcionarios federales en aspectos como el ejercicio de recursos públicos, acoso sexual, uso de lenguaje incluyente y prácticas de no discriminación.

Este documento tiene como principios rectores del servicio público el respeto a los derechos humanos, la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia; además, prevé que los funcionarios que lo incumplan sean reportados ante un Comité de Ética y los servidores públicos podrán ser objeto de denuncia directa ante el Órgano Interno de Control (OIC), el cual podrá iniciar procedimientos por faltas administrativas.

De esta propuesta, destaca lo concerniente al manejo de las redes sociales de los funcionarios, los cuales, siguiendo una resolución de 2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no podrán bloquear a los ciudadanos y periodistas en la red social Twitter, considerando que las redes sociales son un canal de comunicación entre funcionarios públicos y la sociedad. Asimismo, el código en mención, prevé una lista de conductas que deberán ser evitadas por los servidores públicos ya que constituyen actos de hostigamiento y acoso sexual, entre otras conductas sancionables.

2. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en días pasados el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, el cual tiene una vigencia de 3 años y establece algunas acciones en la materia, que serán adoptadas por las instituciones públicas del país en el mediano plazo, con la posibilidad de ser medidas y tener un seguimiento puntual.

Este documento, constituye un mecanismo a través del cual, desde el Sistema Nacional Anticorrupción, se aspira a aterrizar o instrumentar la denominada Política Nacional Anticorrupción, es decir, en palabras simples o llanas, constituye un documento a partir del cual se pretende impactar en la realidad los esfuerzos anticorrupción.

Resultado de un largo proceso de maduración, este programa comprende 64 indicadores para dar seguimiento a los resultados que se vayan alcanzando en el país, con el objeto de obtener retroalimentación y mejora constante.

3. Desde el año 2020 se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción, que preside la Secretaría de la Función Pública, en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI, con el propósito de generar datos y mediciones sobre la corrupción y, a partir de ellos, adoptar decisiones concretas sobre la materia.

Justo en ese contexto, ha destacado la mencionada Secretaría que han implementado medidas y acciones como el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra Pública (BESOP), y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).

Es decir, se ha desarrollado una metodología basada en la recopilación, concentración y análisis de datos, mediante el desarrollo de sistemas y bitácoras electrónicas, que -se aspira- permitan conocer de mejor forma el fenómeno de la corrupción y una más eficiente toma de decisiones gubernamentales.

4. De acuerdo con información publicada recientemente en diversos medios noticiosos, existe una propuesta del Presidente de la República para concentrar en dependencias del gobierno federal a diversos organismos descentralizados o desconcentrados y, particularmente, desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del referido Sistema, a efecto de brindarle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

La mencionada Secretaría, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es un órgano vital del Comité Coordinador, ya que incide en su operatividad y eficacia, mediante la elaboración de proyectos, metodologías, indicadores, políticas, propuestas y otros elementos fundamentales y de alto nivel técnico para la toma de decisiones.

La propuesta de desaparición de esta Secretaría, basada en argumentos de austeridad y ahorro económico, de prosperar, impactaría de manera importante en el correcto funcionamiento del referido Comité Coordinador, al perder su brazo operativo, encargado de la ejecución y seguimiento a sus acuerdos y resoluciones.

Hasta aquí el breve recuento de algunas de las principales acciones que hoy en día están vigentes en el orden público mexicano para atender el fenómeno de la corrupción.

Si tuviéramos que sintetizarlos de alguna manera, podríamos decir que dichos esfuerzos se quedan solamente en el paso inicial que se requiere para afrontar con contundencia este grave fenómeno, dado que -a pesar de los años que se tienen en su estudio y análisis- todavía continuamos intentando comprenderlo (definirlo, medirlo) y buscamos pautas generales preventivas como el código de ética, pero que muchas veces -pese a que por sí misma es loable la intención- no alcanzan la fuerza legal requerida y mucho menos son eficazmente reprochadas las infracciones a su contenido en el terreno legal, administrativo y penal.

De igual modo, como sociedad y gobierno, no hemos logrado transitar o superar la barrera entre el diseño de una política contra la corrupción y su correcta implementación. Seguimos revisando modelos, técnicas y procesos para impactarlo en los gobiernos federal, local y municipal, pero sin realmente aterrizarlo por falta de los consensos políticos necesarios y la cada vez mayor falta de empuje ciudadano.

Y no es porque a la sociedad ya no le interese el tema, sino que existe una tendencia cada vez más evidente, por desarticular los esfuerzos académicos y ciudadanos en defensa de la rendición de cuentas, el control de las instituciones y el manejo de los recursos públicos. Estamos atestiguando una persecución y desvalorización de los trabajos que, a lo largo de los años, ha rendido frutos a través del diseño de sistemas anticorrupción, promoviendo la transparencia de la acción del gobierno, su evaluación constante y la exigencia de sus responsabilidades.

Por ello son entendibles los bajos resultados que muestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC) para nuestro país. Es indispensable comprender que hoy en día ya contamos con información suficiente y con las instituciones públicas especializadas -construidas durante lustros con el empuje ciudadano- para frenar el fenómeno de la corrupción, solamente que es necesario ir más allá de la recopilación de datos y el replanteamiento de si existen o desaparecen instancias y dependencias públicas bajo el solo argumento del ahorro presupuestal, sin medir su eficacia real.

En casos de ineficacia, lo que se precisa no es la desaparición de las instituciones, sino la exigencia de resultados claros y contundentes o bien las responsabilidades legales pertinentes.

Necesitamos una coordinación efectiva, que conlleve a la desarticulación inteligente de redes de corrupción y al castigo penal y administrativo de los responsables. Necesitamos dar una señal directa y frontal de que esperamos de las instituciones del gobierno resultados ágiles y decisivos, para recuperar los recursos económicos desviados pero también para garantizar que estas conductas no sigan reiterándose.

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 (IPC), más allá de su aceptación o no, nos mueven a la reflexión y al debate acerca de las perspectivas del combate a la corrupción en México, nos permite cuestionar si estamos por el camino correcto o es indispensable volver a redoblar esfuerzos ciudadanos y demandar desde nuestras respectivas trincheras, mejores resultados a nuestros gobiernos (federal, estatal y municipal).

Creemos que solamente la acción ciudadana organizada puede persuadir las voluntades políticas indispensables para lograr que de forma decidida las instituciones públicas hagan su labor y frenen, mitiguen y sancionen las conductas poco éticas o abiertamente ilegales que afectan a nuestra democracia.