Por alguna razón tan desconocida como desconcertante, la representación del Partido de la Revolución Democrática en el Senado ha decidido tumbar de un plumazo el Sistema Nacional Anticorrupción. Bajo el pretexto de la necesaria eliminación de los fueros, una de las propuestas más trabajadas y exigidas por diversas organizaciones de la sociedad civil organizada y que logró avances sustantivos en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, puede perder su única oportunidad de avanzar por razones sin duda deseables pero imposibles de cumplir.

El Senador Miguel Barbosa afirma que esta decisión se debe a que “la sociedad lo pide a gritos”, sin embargo, no queda claro a qué sociedad se refiere, si es a la sociedad de los gobernadores abusivos – cuyas participaciones federales habrían de ser auditadas por la Auditoría Superior de la Federación- si es a la sociedad de constructoras como Grupo Higa que podrían ser sancionadas por conflicto de interés- si es a la sociedad de los presidentes municipales corruptos o simplemente aquélla formada por tantos funcionarios y funcionarias exentos de cualquier responsabilidad. ¿A cuál sociedad se referirá el Senador Barbosa? Si el Senador hubiera estado en el foro “La sociedad responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos” convocado por Fundar y el Centro Prodh y suscrito por más de 30 organizaciones, muchas de ellas integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas, hubiera escuchado que la otra sociedad, la que se manifiesta en las calles, se indigna por una clase política abusiva y se siente profundamente agraviada por las más de 23 mil desapariciones, por Tlatlaya, por Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca, habría escuchado que “la impunidad es el hilo que une a la corrupción con las graves violaciones a derechos humanos”. Esa sociedad tiene diversos rostros y distintas orientaciones, y por primera vez en mucho tiempo coincide con otras voces como la de los empresarios agrupados en la COPARMEX, la de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la de organizaciones de base que el jueves pasado suscribieron una agenda de 20 medidas urgentes dentro de las cuales destaca “la aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, así como las leyes que deriven de ella mediante procesos abiertos y con participación ciudadana”.

Es cierto, en un país que aspira a la democracia no debieran de existir intocables y en este sentido la minuta aprobada en la Cámara de Diputados no es perfecta ni contiene todas las exigencias que requiere México para avanzar en una política pública de rendición de cuentas, sin embargo, el contenido de este dictamen representa la propuesta más acabada para hacer frente a la “impunidad cotidiana” en la que el país se encuentra sumergido. Con los diputados a punto de dejar el cargo, las elecciones en puerta y las presiones políticas de los gobernadores, cambiar el dictamen en el Senado no sólo significará hacerle el favor a los corruptos sino cerrar la puerta a las exigencias de la sociedad civil perdiendo el Sistema Nacional Anticorrupción y manteniendo además el fuero.