Los bajos índices de participación y corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales y la precaria capacidad institucional para resolver las demandas sociales y obtener resultados, es el reto de la gestión de los nuevos Ayuntamientos.
El ovillo de la madeja de los problemas públicos, a los que se suman las anomias de la corrupción e impunidad, agravan el aislacionismo ciudadano y su desesperanza. En este escenario, la atomización social no se reduce a las expectativas de inclusión ciudadana, sino que incide fundamentalmente en la falta de operatividad gubernamental.
En este contexto, es necesario evitar el quebranto de los valores políticos. Su extravío ha conducido al utilitarismo de Estado, que provoca que el ciudadano perciba al gobierno, sólo como proveedor de servicios e insumos, no en un vínculo de lealtad cívico-social, que edifica el porvenir para todos.
El binomio sociedad-gobierno parece ser la cabeza de la hidra de las complejas relaciones entre representados y representantes. La tarea ineludible de las autoridades gubernamentales es asegurar la eficiencia y eficacia en su desempeño, y desarrollar la inteligencia institucional, para mejorar la operatividad de la función pública.
La respuesta de la gestión gubernamental debe centrarse en la modernización e interoperabilidad de las estructuras administrativas, cuya tecnificación y sistematización, garanticen la simplificación de trámites y la calidad de los servicios públicos, condición que disminuye costos de manejo e incrementa los beneficios a la ciudadanía contributiva.
El ciudadano no espera ser un cliente del Estado, sino activo participante. Los bajos niveles de corresponsabilidad política, lo alejan de la tarea pública; cuando ésta no se lleva a cabo de manera atingente y expedita, la percepción social de los errores administrativos se agigantan y sus virtudes se empobrecen; se generan problemas de confianza y legitimidad que provocan el alejamiento de la sociedad civil frente al Estado.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), mide desde la percepción ciudadana, el desempeño de las autoridades, como actores encargados de velar por el ejercicio y concreción de la tarea gubernamental.
De acuerdo a la ENSU, a septiembre de 2016, los “problemas de mayor incidencia y preocupación” en las ciudades del país, se ubican porcentualmente de la siguiente manera: baches en calles y avenidas (85.4%); alumbrado público insuficiente (64.4%); embotellamientos en calles y avenidas (56.3%); coladeras tapadas (60.3%); fallas y fugas de agua potable (51.8%); transporte público deficiente (50.7%); parques y jardines en descuido (47.5%); deficiencia de red pública de drenaje (46.1%); ineficiencia del servicio de limpias y recolección de basura (36.0%); fallas en el tratamiento de aguas residuales (25.9%); mercados y centrales de abasto en mal estado (21.9%); problemas de salud derivados del mal manejo de rastros (9.3%).
La percepción de la población respecto a la “efectividad del gobierno” en la resolución de los problemas más importantes a nivel nacional es de 21.8%, Pachuca se ubica en el 23.2%. ¿Cómo será la percepción en el resto de los municipios hidalguenses?
Estos datos como componentes descriptivos del estado de operatividad de la tarea pública, permiten la lectura analítica sobre el descontento y desafección ciudadana respecto de la función administrativa. No se trata de datos y hechos inconexos, sino de experiencias de vida y oportunidades sociales que se ven obstruidas, ante un precario desempeño de las autoridades.
Las prescripciones de forma y fondo que debemos desprender de la ENSU hacia los nuevos gobiernos municipales y sus autoridades, son expresas.
El quehacer público debe presentar mayores niveles de horizontalidad. La redistribución del poder político en la toma de decisiones entre ciudadanía y autoridades, traza un clima de confianza y comunión social de apego a los valores fundamentales de la civilidad política de la República (“res pública, cosa de todos”).
La función pública no es el resultado de la improvisación o de la voluntad política. “Ponerse las pilas” no es suficiente. Todo ejercicio de gobierno es el resultado objetivo de la revisión de variables que inciden en la armonización de la función administrativa y de la satisfacción social. Es el fruto del consenso entre los actores ciudadanos y políticos.
Los cimientos de la administración pública se construyen desde el suelo que pisa el ciudadano. La función pública debe estar acompañada de los principios y valores de la sociedad consustanciales a las acciones de gobierno.
El ciudadano común desea que en las actividades de la administración y del ejercicio de gobierno, primen la ética, probidad y honestidad como valores de vanguardia ciudadana. La rendición de cuentas y la efectividad de los resultados deben ir acompañadas de la auditoría social y ser expresados en el principio de máxima publicidad. No pueden quedar en el oscurantismo.
Los planes y programas federales, estatales y municipales, no son parcelas de poder, sino escenarios de planificación democrática, que deben armonizarse en un todo programático. El ejercicio de gobierno requiere el seguimiento y la evaluación endógena de las necesidades de cada entidad, municipio y comunidad del país, así como una “Agenda Internacional” que potencie el esfuerzo y condiciones de nuestro desarrollo.
Además de crear las condiciones para un gobierno abierto, transparente, en público y apoyado en la corresponsabilidad ciudadana, es necesario profundizar las prácticas de transversalidad de los derechos humanos en las estructuras y acciones gubernamentales.
El ejercicio de gobierno es un principio de horizontalidad social. No puede perderse ni fragmentarse. Exige la dignificación humana, que no puede ser sólo un derecho, sino la constante de su probidad y hermandad social.
Traducir las necesidades y valores ciudadanos al ejercicio gubernamental, es la tarea que no se puede obviar para trascender el déficit de subrepresentación del desempeño de servidores públicos. La verdad del pueblo es el principio rector, que debe prevalecer en la planificación del Estado.
Agenda
- El Senado de la República nombró a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) y a los integrantes de la Comisión de Selección que elegirán a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
- Beatriz Pagés Rebollar, entregó el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo a destacados periodistas. Expresó: “Lo que hoy sucede en México tiene que ver con un secuestro, con el secuestro de la razón, de la democracia y de los derechos humanos por quienes consideran ser los dueños de la verdad, de la ley y la moral pública. Paradójicamente, quienes más demócratas dicen ser son, a todas luces, los más autoritarios, son quienes asaltan escuelas, bloquean autopistas y vandalizan ciudades para impedir que los niños más pobres de México reciban clases”.
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: http://perspectivahgo.wordpress.com/
Correo: perspectiva@estebanangelesc.com
