Por primera vez en la historia democrática de España, el gobierno central removió a las autoridades de una de las regiones autonómicas del país y asumió el control administrativo, después de que los parlamentarios catalanes dieron el salto y votaron por independizarse el viernes.
Las declaraciones encontradas del Parlament en Barcelona para declarar la independencia y la posterior disolución de esta desde Madrid escalaron un momento de mucha tensión y resultaron en los roces más feroces hasta el momento por del afán separatista de la región.
Las aspiraciones para tener un Estado autónomo han existido durante generaciones, impulsadas por divergencias culturales, idiomáticas y económicas, pero durante el último mes han derivado en lo que quizá sea la peor crisis constitucional desde que España transicionó a democracia, en 1978.
Los eventos del viernes, parte de las secuelas de un referéndum independentista el 1 de octubre, fueron vistos con enojo y preocupación por unos y con euforia por otros, con la posibilidad de que haya confrontaciones todavía más volátiles en los próximos días en lo que el gobierno español decide cómo implementar el artículo 155.
El presidente Mariano Rajoy anunció hacia la medianoche la remoción de varios integrantes del gobierno regional, entre ellos Carles Puigdemont como presidente y Oriol Junqueras como vicepresidente, además de la disolución del parlamento regional. También dijo que se convocará a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. La fiscalía española posiblemente busque el arresto de los líderes del gobierno catalan por cargos de sedición…
Nota completa en: New York Times
