Los foros sobre las reformas que modificarán la naturaleza del Poder Judicial y limitarán su autonomía han sido aprobados y anunciados como parte de un ejercicio amplio de Parlamento Abierto. Este anuncio se ha hecho antes de que terminen de desahogarse los litigios electorales que dentro de un mes determinarán la conformación final del Congreso federal. Sin embargo, con los cómputos distritales en mano, sabemos a ciencia cierta que el gobierno contará con una cómoda y amplia mayoría en ambas cámaras y que la LXVI Legislatura se estrenará con la aprobación de las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador.

Vale la pena recordar de dónde viene la idea de Parlamento Abierto y cómo se ha interpretado en los hechos. La necesidad de transparentar, explicar y hacerse cargo de las consecuencias del trabajo legislativo tiene diversas raíces. Un antecedente importante tiene que ver con la pluralidad de partidos políticos que acceden a una curul o a un escaño. Las diferentes identidades partidistas suelen propiciar mayor vigilancia y deliberación en ciertas decisiones.

Sin embargo, la pluralidad no siempre es sinónimo de transparencia. La opacidad con la que se suelen construir las agendas legislativas, la debilidad de mecanismos para esclarecer los conflictos de interés y la discrecionalidad con la que se toman decisiones sobre el destino de los recursos públicos se expresa en la distancia y desconfianza que se le tiene a los legisladores.

Desde la década de los noventa, los niveles de confianza ciudadana sobre los Congresos en general y los partidos políticos en particular están en el sótano. La crisis de la representación promovió que en 2010 un grupo de organizaciones sociales y distintos parlamentarios del mundo asumieran una urgente Declaración sobre Transparencia Parlamentaria. Con el objetivo de acercar la labor parlamentaria a la ciudadanía se acordó que la promoción de la cultura de la transparencia; la divulgación de la información parlamentaria; la accesibilidad al trabajo parlamentario y la participación ciudadana marcarían una nueva era en la relación representantes-representados. En México, algunos ejercicios parlamentarios cumplieron con los estándares de aquel anhelo del 2010. La Ley General de Víctimas promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información de 2014; o la discusión del paquete de reformas en materia de combate a la corrupción que se originó tras el primer ejercicio de iniciativa de ley ciudadana respaldada por más de medio millón de firmas contaron con debate, pluralidad y acuerdos. Todas estas leyes surgieron de la deliberación, contaron con la participación de legisladores y ciudadanos y ni una sola estuvo escrita en piedra antes de ser discutida.

Después del 2018 la noción de Parlamento Abierto cambió. Dejó de ser un ejercicio de deliberación y co-creación para convertirse en un espacio de catarsis al que muchas veces ni siquiera asistían los legisladores.

La última edición de Latinobarómetro 2023 muestra que en México a la par de la desafección con la democracia y la pulsión autoritaria está una preocupante valoración negativa sobre el funcionamiento de los partidos políticos.

Hasta ahora nada indica que el ejercicio de Parlamento arisco anunciado vaya a ser distinto a los que vivimos tras 2018. Desafortunadamente, con la imposición de una mayoría ciega a las diferencias, se refuerza la peligrosa idea de que los partidos políticos son desechables.

Fuente: El Universal