Ante el eventual establecimiento de un organismo encargado de combatir la corrupción, mantenemos la expectativa de que esta nueva institución del Estado contribuya a fortalecer un sistema integral de rendición de cuentas.
Debe destacarse que la responsabilidad por la obtención de resultados positivos en los esfuerzos anticorrupción no puede recaer sobre una única institución. Dicha encargo lo comparten los tres Poderes de la Unión en los tres órdenes de gobierno, los cuales deben mostrar el mismo nivel de compromiso para consolidar una cultura de transparencia en su actuación.
Bajo esta perspectiva, el fomento de la integridad y la prevención de la corrupción en el sector público generan posibilidades de desarrollo para el país en distintas áreas de crecimiento.
Datos de diversos organismos especializados en materia de percepción de la corrupción en el país, como Transparencia Mexicana, permiten vislumbrar la magnitud de los montos involucrados en su incidencia, así como los perjuicios que puede generar.
En efecto, la problemática de la corrupción es tan amplia, que requiere de un enfoque multidimensional que permita la interacción de distintas entidades encargadas cada una de atender ángulos especializados.
Otro aspecto de gran importancia que deberá ponerse en práctica con la iniciativa presentada, son los mecanismos de coordinación que el nuevo órgano establecerá con otras instancias de rendición de cuentas, como lo es la propia ASF y las contralorías estatales, a fin de generar alianzas que potencien la acción interinstitucional.
La aspiración es hacer funcional la articulación de todos los órganos dedicados a la revisión del uso adecuado de los recursos públicos y la determinación de responsabilidades por irregularidades, para que trabajen con una misma visión, principios y capacidades en los tres órdenes de gobierno.
Esta aspiración esta en la iniciativa que incorpora al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), proyecto en marcha que reúne, entre otros, a la actual Secretaría de la Función Pública, las Entidades Fiscalizadoras Superiores de las entidades federativas (ASOFIS) y la Comisión Permanente de los Contralores Estados-Federación.
Desde su origen en 2010, el SNF presenta avances significativos y encuentra una oportuna coyuntura con la iniciativa de crear una Comisión Anticorrupción, a fin de sumar esfuerzos para un mismo fin con enfoques y perspectivas complementarias.
De esa manera, la creación de un nuevo órgano responsable de perseguir los actos corruptos es ciertamente deseable y necesaria, pero el enfoque persecutorio de las irregularidades debe verse acompañado de un ámbito preventivo que permita corregir progresiva y sistemáticamente las fallas de la gestión gubernamental.
Por esa razón, un elemento clave dentro de la ecuación anticorrupción lo constituye el control interno, el cual representa un proceso de auto-vigilancia que dota de eficacia y economía a las operaciones, garantiza que las entidades cumplan con las leyes aplicables, y vigila a los servidores públicos.
En esa medida, las áreas de auditoría interna deben estar en condiciones de garantizar la capacitación continua de funcionarios, la evaluación y el mapeo permanente de los riesgos de corrupción, así como la designación de titulares y personal especializados.
Por lo anterior, es necesario insistir en que la lucha contra la corrupción debe conceptualizarse como política integral de gran alcance cuya cobertura incluya al conjunto administrativo del país, pues la experiencia demuestra que las actividades que se establezcan, tienen un impacto limitado si se encuentran desvinculados de una estrategia transversal que haga posible su continuidad en el tiempo.
La probidad gubernamental implica no sólo la observancia de las leyes nacionales, sino además una responsabilidad ética, lo cual sustenta y preserva la confianza de la sociedad.
Como podemos apreciar, para fortalecer el sistema de rendición de cuentas en el país se requiere crear un sólido entramado que busque abatir los magros resultados en combate a la corrupción. Esto será posible si además se genera un cambio cultural que tenga como divisa principal el apego a la legalidad y la probidad.
Bajo esa premisa, la ASF se pronuncia por sumar esfuerzos y generar una articulación entre los organismos que tienen la responsabilidad de velar por la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, bajo una óptica de integridad y colaboración.
Fuente: El Universal
